Ni paralizado, ni congelado, el caso Barrenador está activo, afirmó el fiscal general Carlo Díaz a la prensa, lo que desmiente al director del OIJ, Randall Zúñiga, quien había dicho que la inmunidad de la expresidenta de la Caja, Marta Esquivel, prácticamente enterraba el caso.
Díaz dio declaraciones a Diario Extra apenas un día después que el director del Organismo de Investigación Judicial dijera en el programa Malas Compañías de Teletica Radio que el caso se había paralizado con el nombramiento de Esquivel en el Ministerio de Planificación, al ser objeto de inmunidad política.
Sin embargo, el jefe del Ministerio Público dijo a Diario Extra que el Código Procesal Penal prevé que, en un caso donde figuren varias personas investigadas y entre ellas se encuentre alguna que pertenece a un Supremo Poder, dicha persona debe ser procesada mediante el trámite especial de levantamiento de fuero, mientras que los demás deben seguir proceso ordinario.
Las declaraciones del jefe del OIJ llamaron a confusión a varios medios de comunicación, quienes en sus titulares repitieron que el caso estaba muerto.
¿De qué va esto?
Se trata del caso de investigación que arrancó el 23 de septiembre pasado, con altisonantes acusaciones de parte del OIJ y de la Fiscalía de Probidad, quienes aseguraban, al tenor del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense de Seguro Social, jefeado por Azyhadee Picado, afirman que el se dio un sobreprecio de hasta 12.500 millones de colones en la contratación de 10 áreas de salud a cooperativas y una asociación.
Sin embargo, las cooperativas de Salud han desmentido a Picado y compañía, al afirmar que por el contrario, lo que se ha dado es una manipulación del proceso de análisis de costos, eliminando el verdadero ahorro para la Caja con la contratación de las cooperativas, mismo que alcanzaria los 55 mil millones al término del contrato de 10 años.
Esto permitirá al Ministerio Público continuar con el proceso, en medio de un debate tanto político como técnico, pues mientras los detractores del Gobierno de Rodrigo Chaves sostienen que este es un caso de corrupción evidente, en la acera de las cooperativas aseguran que no existen sobre precios y que por el contrario, mandos medios del Área de Contabilidad de Costos de la Caja, habrían manipulado las tablas de cálculo de manera que se pudiera sostener la teoría de los sobreprecios.
Hasta el momento, el OIJ no ha realizado un verdadero estudio pericial contable que permita aclarar esta situación.
