Aarón Chinchilla EP. | El Gobierno de la República firmó la ley que autoriza la creación del Cuerpo Nacional de Guardavidas y la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos, con el objetivo de dar seguridad y proteger la vida e integridad de quienes vacacionan en las costas.
Según trascendió, la firma de la Ley 9780 “Implementación de unidades de guardavidas en las playas nacionales” fue emitida por el Presidente de la República en ejercicio, Marvin Rodríguez, y los ministros de Turismo, María Amalia Revelo y Salud, Daniel Salas y el objetivo es proteger la vida e integridad de los vacacionistas en las playas del país, además de brindar las herramientas de fortalecimiento para los cuerpos de seguridad marítima.
En detalle, la nueva normativa decreta que la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos, como un órgano técnico, adscrito al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), estará integrada interinstitucionalmente por ministerios de Turismo, de Seguridad y de Salud, así como de la Cruz Roja Costarricense, la Cámara Nacional de Turismo, organizaciones de sociedad civil y municipalidades costeras y será la encargada de dictar los lineamientos generales para la prevención y atención de accidentes por inmersión, así como elaborar un listado preventivo de playas nacionales, según su nivel de peligrosidad. Además, definirá las características de señalización y demarcación que se tienen que utilizar.
Por otra parte, instruirá las condiciones, equipo y características mínimas que deben tener las unidades de guardavidas e indicará, con base en criterios técnicos, cuáles playas requieren la implementación de estas unidades y los períodos para su implementación.
Otro punto contemplado es que la nueva ley declara de interés público las acciones, actividades e iniciativas desarrolladas en su marco y dicta que las gestiones se realicen mediante la articulación de organizaciones públicas y privadas. Por ello, para el correcto funcionamiento de las unidades de guardavidas, las instituciones u organizaciones interesadas, suscribirán convenios de cooperación, los cuales se presentarán ante la Comisión para su control y registro.
“La garantía de contar con zonas seguras nos permite fortalecer la imagen del país y fomentar la industria turística costarricense mediante la prevención, atención y mitigación de riesgos”, comentó Rodríguez.
Finalmente, el convenio contempló ¢150 millones que permitieron la contratación de 20 guardavidas certificados por seis meses (a partir de agosto de 2019) para Manuel Antonio, Ballena y Cocles-Manzanillo y se destinó un presupuesto de ¢870 millones para ampliar este programa de guardavidas en los próximos tres años y la rotulación de 100 playas de alto riesgo.
De manera complementaria, el ICT se alió con la UCR para el lanzamiento de la versión 3.0 del app MIOCIMAR, una herramienta con pronósticos actualizados cada seis horas sobre las corrientes de resaca, las condiciones del oleaje y del mar.
“Con la implementación de la Ley, el Gobierno en conjunto con las instituciones, busca prevenir fallecimientos por inmersión; acción que salvará vidas y ayudará a fortalecer, aún más, la imagen del país y de la industria turística costarricense (…) Uno de los principales pilares de la seguridad turística es la prevención de la incidencia de muertes por inmersión. Mediante la firma de esta ley y gracias al trabajo articulado en esta línea, el ICT honra su compromiso de garantizar la seguridad de miles de turistas, nacionales y extranjeros que disfrutan de las playas costarricenses”, señaló la ministra Revelo.
En relación con la creación del Cuerpo Nacional de Guardavidas, el director nacional de Gestión de Riesgo a.i de la Cruz Roja Costarricense, Jim Batres, comentó que la institución ha visto en la figura del Guardavidas un elemento clave en la prevención de accidentes acuáticos.
“Son fundamentales para el caso de los rescates acuáticos en el momento en que suceden, en los últimos años hemos venido trabajando en una formación más integral de los guardavidas, dándoles herramientas que van más allá de los equipos que se requieren para su trabajo diario”, resaltó.
En los últimos cuatro meses en cinco playas del país, se realizaron 21.140 acciones preventivas en las playas del país.
La actual Ley fue discutida en el periodo anterior (2014-2018) e impulsado por el Ejecutivo y la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa actual.
