Allan Madriz | EP. El Presidente Carlos Alvarado y el ministro de Salud, Daniel Salas, firmaron la directriz que insta a los operadores de agua potable a detener las suspensiones de servicio por impago de usuarios, como una medida para garantizar el líquido y prevenir la transmisión del COVID-19; así como restablecer el servicio en los casos en donde fue cancelado por morosidad.
Esta medida, que tiene una vigencia de 60 días y podría ser prorrogable de acuerdo con las condiciones epidemiológicas, invita también a los operadores del servicio a disponer de mecanismos de arreglos de pago al cabo de la finalización de la medida.
“Estamos generando todas las acciones posibles que nos permitan fortalecer la prevención de la transmisión del COVID-10 y el acceso al agua es fundamental. Por ello, esperamos que cada operador acoja la directriz”, indicó Alvarado.
La directriz aplicaría para usuarios domiciliares o residenciales, preferenciales y comerciales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ASADAS, Empresa de Servicios Públicos de Heredia y municipalidades.
La implementación de la directriz no significa la condonación de deudas ni elimina la obligación de pago. El gobierno recordó a la ciudadanía la obligación de hacer un uso responsable del líquido, debido a que el país se encuentra en una emergencia por déficit de agua.
