En la más reciente Cadena Nacional, la Mandataria Laura Fernández Delgado adoptó un discurso articulador bajo la proclama “¡Quiero Paz!” y le bajó el tono a la narrativa de un supuesto golpe de Estado.
A pesar del cambio de matiz, mantuvo una postura firme y crítica respecto al papel de las autoridades judiciales en la crisis de seguridad.
Si bien la funcionaria extendió una invitación al diálogo interinstitucional, no dudó en señalar directamente el desempeño de los jueces y la cúpula del Poder Judicial.
Durante su alocución, Fernández defendió la labor del Ejecutivo afirmando que “el Poder Ejecutivo cumple su responsabilidad, pero recuperar plenamente nuestra seguridad exige que todas las instituciones actúen con la misma urgencia”.
En esa misma línea, arremetió contra las resoluciones judiciales asegurando que “los jueces de la República han dejado a una gran cantidad de sospechosos de delitos penales en libertad” y recriminó el impacto social de estas decisiones.
Las críticas más severas se dirigieron hacia la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la falta de controles y la priorización de intereses de los altos cargos: “Siento a los magistrados en una zona de confort, interesados más en prorrogar sus nombramientos que hacer un buen trabajo. Nadie los supervisa, no rinden cuentas, no hay fiscalización”.
Asimismo, reprochó la gestión financiera de la institución alegando que los fondos públicos jamás deben asignarse “para guardar millones de dólares en un fideicomiso como lo hace el Poder Judicial”.
A pesar de calificar los reveses judiciales como “fallos y errores que se pagan con sangre, con miedo, con vidas truncadas”, Fernández concluyó con un enfoque de conciliación.
La mandataria convocó nuevamente a los jerarques de los poderes del Estado para fijar metas y plazos de trabajo conjunto, asegurando que “esta tensión entre poderes no es una pelea entre instituciones, es un llamado a que protejamos vidas”.
