Katherine Fonseca l EP. El pasado lunes 12 de junio, la Coalición Feminista para el Avance de los Derechos Humanos de las Mujeres presentó un informe en comparación al aportado por el gobierno, con el fin de alertar al Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), sobre las violaciones a los derechos de las féminas que ocurren en Costa Rica.
Larissa Arroyo, abogada feminista, comentó que tuvieron que dar prioridad a algunas problemáticas pero dejaron otros temas de gran importancia por fuera.
“Nos vimos forzadas a priorizar algunas problemáticas por su urgencia y gravedad y dejar algunos otras que también son igualmente importantes”. Comentó la abogada.
Algunos de los problemas que las organizaciones feministas citaron, fueron:
- La falta de un Estado laico, donde la iglesia católica tiene privilegios con respecto a temas como las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres incluyendo un rol directo en los contenidos impartidos desde el Ministerio de Educación Pública.
- El incumplimiento del artículo 121 del Código Penal, el cual permite el aborto por razones donde se ponga en riesgo la salud de la mujer.
- Que siga pendiente la deuda histórica de Costa Rica con las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, en materia de discriminación y derechos igualitarios, ya que no existe tampoco apoyo estatal, social y económico para las familias lésbicas en condición de pobreza, teniendo en cuenta que los ingresos de las mujeres siguen siendo inferiores a los de los hombres.
- El aumento de femicidio en el país, donde mueren asesinadas aproximadamente tres mujeres por mes.
“El informe alternativo mencionado fue elaborado por un conjunto de organizaciones de sociedad civil y colectivas ciudadanas de derechos humanos en Costa Rica para recordarle al Estado su deber de ajustar su normativa y accionar con la CEDAW como instrumento jurídico incluso superior a la Constitución Política”, expresó Arroyo.
