Ex canciller nicaragüense: “el régimen Ortega-Murillo está condenado al ostracismo”

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George Rodríguez EP. La reciente Sesión Especial del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) demostró que, a nivel continental, se forma el consenso de que Nicaragua es gobernada por un régimen antidemocrático, al que se tiende a condenar al ostracismo, dijo, en declaraciones publicadas este viernes, el ex canciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa.

Las intervenciones en la sesión realizada el jueves indican, “primero, que, con cada día que pasa, se va formando un consenso alrededor de las ideas de que el Gobierno de Nicaragua no es democrático, que es el responsable de la violación de derechos humanos y que no muestra el deseo de buscar una salida pacífica a la crisis que estalló a mediados de abril”, indicó Aguirre.

Además, el escaso apoyo que recibió durante el debate –solamente de parte de sus contrapartes boliviana y venezolana, sus habituales aliados- denota el creciente aislamiento del régimen nicaragüense, señaló.

Tal contexto es revelador de que, “segundo, que el Gobierno de Nicaragua está cada vez más aislado. Sólo dos países, Venezuela y Bolivia, salieron a su defensa, y la intervención boliviana fue corta y francamente tibia. Me llamó también la atención que El Salvador guardó silencio, igual que las pequeñas islas caribeñas que en el pasado escudaron a Nicaragua. Pareciese que el continente entero está inclinándose cada vez más a condenar al gobierno Ortega-Murillo al ostracismo”, indicó.

Un reciente factor en ese sentido está constituido por la expulsión, el 19 de diciembre, por parte de la cancillería nicaragüense, de los dos equipos de trabajo con los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaba en Nicaragua –el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)-, así como la simultánea suspensión de las visitas de la comisión al país, señaló Aguirre, un ex embajador nicaragüense en Estados Unidos.

Similar efecto ha tenido la ofensiva gubernamental contra organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos lo mismo que contra medios de comunicación independientes, agregó.

Tal accionar “ha provocado un gran malestar, en las capitales americanas”, y “despertó un avispero que a lo mejor el Gobierno no esperaba por darse durante las fiestas de fin de año. En esto, francamente, el Gobierno no supo valorar el clima internacional”, reflexionó.

Aguirre hizo así mención del retiro, desde el 29 de noviembre al 13 de diciembre, de personería jurídica a nueve organizaciones no gubernamentales, y al simultáneo allanamiento, la madrugada del 14 de diciembre, a las instalaciones de varias de esas organizaciones así como de cinco medios de comunicación independientes.

Efectivos policiales y parapoliciales irrumpieron en los locales, violentamente y sin orden judicial, causando destrozos, retirando equipo electrónico y documentación interna de las entidades, golpeando a quienes se hallaban en algunos de esos lugares, y, en el caso del canal informativo de televisión 100% Noticias, deteniendo a varios integrantes del personal tanto periodístico como administrativo.

Aguirre dijo, además, que, “con el pasar del tiempo, ha surgido una tesis, en el derecho internacional, de que severas violaciones de derechos humanos son crímenes de lesa humanidad que deben ser castigados internacionalmente”, de modo que “la soberanía no puede ser utilizada para escudarse contra acusaciones y sanciones internacionales por las violaciones graves de derechos humanos, como los que se han visto en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Tal es el argumento esgrimido por el régimen nicaragüense, en cuya opinión acciones de la OEA respecto a la situación nicaragüense, incluida la realización de la sesión especial del Consejo Permanente, el jueves, constituyen actos injerencistas alineados con los intereses estadounidenses que son contrarios a los de Nicaragua.

La sesión, presidida por Costa Rica, fue convocada –a solicitud de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua- “para considerar la situación en Nicaragua”, de acuerdo con lo informado previamente, por la OEA, en su sitio en Internet.

El grupo de trabajo –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú- fue constituido, el 2 de agosto, por el Consejo Permanente, para, entre otros objetivos, ayudar en la búsqueda de solución a la crisis nicaragüense.

La reunión se llevó a cabo mientras en Nicaragua persiste la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, habiendo cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, y, más recientemente, se ha enfocado en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos así como en periodistas y medios de comunicación independientes.

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