Nuevos documentos judiciales, dados a conocer por el portal crhoy, revelan que el gobierno de Estados Unidos buscará decomisar los bienes del exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez, como parte del proceso penal por narcotráfico que se le sigue en la Corte del Distrito Este de Texas.
Los estadounidenses plantean un aviso formal de intención de decomiso penal. El documento invoca los artículos 853(a) y 970 del Título 21, así como el 2461 del Título 28 del Código de los Estados Unidos, como base legal para confiscar cualquier bien que se considere derivado de actividades de narcotráfico.
“Como resultado de la comisión de los delitos imputados en esta Acusación, el acusado deberá decomisar a favor de los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya o se derive de las ganancias obtenidas directa o indirectamente como resultado de dichos delitos”, indica el documento firmado por el fiscal Jay R. Combs.
La Corte también advierte que, si los bienes no pueden ser localizados o han sido transferidos, reducidos en valor o mezclados con otros activos, se buscará confiscar bienes sustitutos.
La acusación contra Gamboa fue oficializada el pasado 11 de julio. Según el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU., el exmagistrado fue arrestado en Costa Rica el 23 de junio de 2025, en cumplimiento de una orden de arresto provisional emitida por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas.
Ese mismo día fueron detenidos en Costa Rica otros presuntos integrantes de la red criminal: Edwin Danny López Vega, empresario costarricense, y Jonathan Álvarez Alfaro, vinculado al caso Venus. También se giró orden de arresto contra Alexander Leudo Nieves, de nacionalidad colombiana y costarricense, quien permanece prófugo. Las autoridades sospechan que podría haber fallecido.
Estas capturas forman parte de la operación “Take Back America”, una iniciativa del gobierno estadounidense destinada a combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales.
Según una investigación de la DEA, Gamboa habría liderado una organización criminal con operaciones en Costa Rica desde al menos 2017, cuando aún se desempeñaba como magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
El expediente indica que, en septiembre de 2023, durante una reunión con dos informantes confidenciales de la DEA en San José, Gamboa afirmó tener autorización del gobierno para permitir el ingreso de cocaína al país. Alegó contar con respaldo dentro de la administración actual, así como los contactos necesarios por su experiencia como comisionado antidrogas y ministro de Seguridad.
El informe lo vincula directamente con el Cártel del Golfo de México y su rama colombiana, el Clan del Golfo. Dentro de la estructura criminal, Gamboa habría coordinado operaciones en Guatemala, Honduras y Panamá, y fungido como enlace para la adquisición de cocaína desde Colombia.
La DEA también sostiene que Gamboa habría colaborado con las autoridades estadounidenses delatando a dos de sus socios, lo que facilitó la captura y extradición de una célula conocida como “Los Hondureños” o “La H”, que operaba en la costa Caribe de Costa Rica.
Gamboa, López y Álvarez permanecen detenidos mientras se resuelve su proceso de extradición ante el Tribunal Penal de San José. De ser entregado a las autoridades estadounidenses, Gamboa enfrentará cargos por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero, en una causa que podría marcar un hito en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica.
