George Rodríguez EP. El Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad, en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace ocho meses afecta a ese país, indicó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) en el informe que, sobre ese país centroamericano, dio a conocer este viernes.
“De la información disponible se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, señaló el Giei –grupo de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, en el documento que tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”.
El período cubre desde la fecha en que estalló la crisis hasta la fecha en que se llevó a cabo una masiva manifestación pacífica opositora, lapso de tiempo durante el cual fue particularmente intensa la represión policial y parapolicial contra demostraciones públicas de descontento respecto al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
En el sétimo capítulo, titulado “Crímenes de lesa humanidad”, el Giei indicó, además, que “ha existido una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos, en las que pueden verse patrones de conductas reiterados en el tiempo y en distintos lugares del país”.
En ese sentido, los cuatro expertos del grupo de trabajo identificaron lo que definieron como crímenes de lesa humanidad específicos, tales como asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de libertad física, persecución, violación, tortura.
También explicaron, en el informe de doce capítulos y cuatro anexos, contenidos en 463 páginas, las consecuencias jurídicas que implican esos crímenes.
En ese sentido, indicaron que tales delitos no prescriben ni admiten amnistía, que pueden ser juzgados por tribunales de otros estados, y que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para intervenir en tales casos.
“La calificación de las conductas como crímenes de lesa humanidad conlleva, a su vez, que estén sujetos al régimen de competencia universal”, lo que significa que “los crímenes internacionales puedan ser enjuiciados por los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado, con independencia de que los hechos no se hayan cometido en su territorio, ni por uno de sus nacionales, ni contra uno de sus nacionales, ni en detrimento de intereses soberanos del Estado”, precisaron.
En cuanto a la CPI, los expertos indicaron que, si bien Nicaragua hasta la fecha no es un Estado Parte del Estatuto de Roma –que dio origen a ese tribunal-, dos son los mecanismos que pueden facilitar su intervención.
“Por un lado, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación. Por otro, el propio Estado de Nicaragua podría en un futuro formular una declaración de aceptación de la competencia”, la que “podrá ser retroactiva y, de este modo, incluir los hechos de violencia del periodo aquí analizados”, caso en el cual “aquellas personas que resulten acusadas no podrán invocar ningún tipo de inmunidad soberana frente a la CPI”, explicaron.
El Giei denunció, en el décimo capítulo –“Acciones recomendadas para la investigación de los crímenes”-, que los delitos señalados se mantienen impunes, como consecuencia del alineamiento progubernamental del Poder Judicial.
Al señalar “la gravedad de los crímenes cometidos, en particular aquellos cometidos desde el Estado como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, los expertos indicaron que, ante tales delitos, “la respuesta del sistema de justicia ha sido completamente parcial, carente de objetividad y de profesionalismo”, y que “la estructura del sistema judicial ha sido parte del arsenal represivo del Estado”.
El grupo de trabajo planteó, asimismo, la necesidad de que los delitos señalados sean investigados, y que los responsables sean juzgados, para lo cual se requiere la implementación de reformas de tipo institucional.
“La investigación y el juzgar de estos crímenes son tareas pendientes. Para concretarlas harán falta reformas institucionales y condiciones adecuadas”, indicó el Giei, y recomendó que, “teniendo en cuenta el tipo de fenómeno criminal, sería conveniente adoptar algunas pautas metodológicas que permitan abordar la complejidad de los hechos y los distintos niveles de responsabilidad”.
Los expertos, quienes tenían programado dar a conocer el informe este viernes, en Managua, la capital de Nicaragua, lo revelaron en Washington, sede de la CIDH, en virtud de que el régimen de Ortega expulsó, el 19 de diciembre, al Giei, de ese país.
Simultáneamente, fue expulsado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) –el otro grupo de trabajo de la CIDH en el lugar-, y suspendió, a partir de esa fecha, las visitas de la comisión.
Constituido en junio, el Meseni tiene, entre otros cometidos, el de monitorear, en el terreno, el estado de las garantías fundamentales en el país.
Por su parte, el Giei, creado mediante acuerdo entre la OEA y el régimen de Ortega -documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la entidad continental, en Washington-, está encargado de promover la investigación de los hechos de violencia registrados en el marco de la dramática situación nicaragüense.
La acción gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni se suma a la reciente anulación de personería jurídica y los allanamientos policiales que nueve organizaciones no gubernamentales y cuatro medios de comunicación nicaragüenses sufrieron la semana pasada.
Las medidas se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado por lo menos 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
