Allan Madriz | ElPeriodicocr.com
El sector empresarial aseguró que el Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.
Por este motivo, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) solicitó al Poder Ejecutivo retirar el conocimiento del proyecto en el periodo de sesiones extraordinarias.
Para los empresarios, el país debe concentrarse en los proyectos que permitan una verdadera reactivación económica, real y factible y dejar de lado iniciativas como el Acuerdo de Escazú.
“El Acuerdo de Escazú fue firmado por 24 países, pero nadie del Gobierno lo consultó de previo a la firma. El proyecto de ley nunca fue puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo, ni a nivel de Comisión, ni en el Plenario”, precisó Álvaro Jenkins, presidente de Uccaep.
La Uccaep sostiene que mediante este convenio se crea un “mecanismo inadecuado de participación del público” en los procesos de toma de decisiones, lo que habilita un espacio para que el Estado tenga que actuar y las empresas que desarrollen cualquier tipo de proyecto se puedan ver paralizados, por “acción de cualquier persona, especulación o imaginación que la actividad, proyecto, o acto pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente”.
“Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”, añadió el representante empresarial.
Además, señalan que si alguien es acusado de una falta ambiental debe probar que no está haciendo el daño: “De esta manera, el acusador afirma una situación y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución Política”.
“En aras de tramitar los temas de reactivación y priorizar lo que realmente requiere el país, se solicita el retiro del conocimiento del periodo de sesiones extraordinarias de esta iniciativa”, sentenció la Uccaep.
Este Acuerdo, que entra a regir este jueves en los países de América Latina que lo han ratificado hasta el momento, se encuentra varado en el Plenario Legislativo y hasta este martes se alcanzó un acuerdo entre las fracciones legislativas para discutir y votar el proyecto.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
El tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a los grupos étnicos y la sociedad civil.
La adopción del convenio se dio en 2018 en Escazú, Costa Rica, en el cual 24 países latinoamericanos tomaron la decisión de negociar y adoptar el primer tratado vinculante a nivel regional sobre el medio ambiente.
