La Empresa Hermanos Bonilla, permisionaria de la ruta de buses entre Barrio San José y la ciudad de Alajuela, denuncia el uso de una aparente maniobra para intentar engañar al sistema judicial como herramienta para sacarlos de operación luego de un mes de brindar el servicio tras ganar un concurso promovido por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Una orden del juez de turno de disponibilidad del Juzgado Contencioso Administrativo Alex Rojas Ortega, ordenó el cese de operaciones de Hermanos Bonilla. La medida se dictó como una medida cautelar provisionalísima a pesar de que la firma entró a operar desde el 22 de diciembre.
Según el abogado de Hermanos Bonilla, William Rovira, la solicitud de medida cautelar por parte de la empresa a la que le fue cancelado el permiso por múltiples incumplimientos denunciados por los usuarios, es “una argucia” con la que pretenden “inducir al juez a error, pues no solo presentaron la solicitud en horario nocturno, en donde mandan a llamar al juez que esa noche debe de estar disponible para resolver casos urgentes, sino que se basaron en una resolución del CTP que no tienen validez para este caso”, dijo.
El aparente engaño se basa en el uso de una resolución anterior del CTP que extendía los permisos vencidos a las empresas prestatarias para no entorpecer el servicio, siempre y cuando no hubiera ya un concurso o una licitación otorgada para un nuevo permisionario en la ruta. En el caso de Hermanos Bonilla, se le adjudicó la ruta 220 tras participar en un concurso promovido por el CTP y tras cumplir todos los requisitos exigidos.
“Por esa razón es que están tratando de inducir a erro al juez y con ello tratando de pasarle por encima al CTP, entidad que efectuó un proceso legal y transparente para escoger al permisionario de barrio San José”, detalló William Rovira, quien espera que el Juzgado resuelva bajo legalidad y reintegre a Hermanos Bonilla a la operación lo mas pronto posible.
“Quienes adversan nuestra operación, utilizan ahora un portillo del sistema judicial para buscar frenar la operación y provocar que quedemos mal con nuestros clientes, los usuarios finales a quienes nos debemos y por quienes hemos efectuado una importante inversión financiera y de contratación de personal adecuado para garantizar la operación. Están causando un grave perjuicio para los usuarios y para nuestra empresa”, manifestó Mauricio Bonilla, representante de la autobusera afectada.
Para el empresario, es deber de la firma “alertar a la población, en especial a nuestros usuarios y en particular a las autoridades del CTP y del Gobierno de la República encabezado por el señor presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que estemos avisados que estas prácticas de guerra empresarial sucia, afectan la democracia y los derechos de la ciudadanía a disfrutar de un ambiente de trabajo y prosperidad como todos lo buscamos”. La empresa Hermanos Bonilla comenzó a brindar el servicio bajo las condiciones especificadas por el CTP el 22 de diciembre y desde su arranque debió de enfrentar graves ataques y amenazas e incluso actos de vandalismo contra sus unidades, lo cual se denunció ante las autoridades y fue divulgado ampliamente por medios de comunicación a nivel nacional.
