El juzgado de Cobro de Heredia aprobó el embargo al Partido Nueva República. Este es el partido con el que Fabricio Alvarado trató de ser presidente de Costa Rica en las pasadas elecciones. La deuda es por ¢502 millones y la reclama Rafael Ángel Zamora, el dueño de empresas Pedregal.
según Zamora, no se pagó en los términos pactados, por lo que la agrupación ahora está embargada, lo que implica una afectación directa de cara al proceso electoral de alcaldes del próximo año.
Sin embargo, Alvarado asevera que no se trataba de un préstamo, sino de la compra de bonos de deuda política, por lo que no se pueden confundir las cosas.
¿Y qué dice Zamora?
Zamora había prestado el dinero a Nueva República en la recta final de la campaña, cuando todavía había esperanza de ganar las elecciones, en diciembre del 2021.
Para Fabricio Alvarado, se trata de un cobro ilegítimo y aseguró que así lo va a demostrar en los tribunales.
A criterio del diputado, un pleito legal a lo interno de la familia Zamora genera el conflicto.
“Este es un cobro ilegítimo y así se demostrará por parte de Nueva República en el proceso de cobro judicial respectivo. Los mismos medios de comunicación han consignado, con declaraciones del propio Rafael Zamora, que él compró bonos de deuda política, y que estos bonos de deuda política fueron embargados por su mamá en un proceso judicial que ella tiene contra las empresas relacionadas con su hijo”.
El político explicó que no se trata de un préstamo lo que tiene a su favor Zamora, sino de la compra de bonos de deuda política, por lo que se tienen que tratar bajo esa naturaleza de ley.
Alvarado dijo que no se trata de una deuda que tiene el Partido “sino de una compra de bonos de deuda política que el señor Zamora hizo, lo cual consta además de lo consigado en los medios de comunicación, en documentos suscritos por el mismo señor Zamora”.
“Ahora, después del resultado electoral, y después del embargo practicado por su madre, pretende variar la naturaleza jurídica de la operación que en su momento realizó, que fue invertir en bonos de deuda política, como un negocio de riesgo legal y ampliamente conocido en el país. No fue un préstamo, sino la compra de bonos, asimismo lo declaró.
“Repito, el cobro es ilegítimo e improcedente, y tocará en el proceso judicial demostrarlo con la documentación respectiva”.
