Por Lic. Giovanni Delgado Castro.
Abogado.
En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un fenómeno inquietante: el resurgimiento de un discurso político que se alimenta del fanatismo religioso, se reviste de moral absoluta y sirve de plataforma para el ascenso de liderazgos profundamente narcisistas. No se trata de un fenómeno aislado ni exclusivo de una región; es una tendencia global que atraviesa continentes, culturas y sistemas políticos, y que pone en riesgo los fundamentos mismos del Estado de derecho y de la convivencia democrática.
Este tipo de liderazgo encuentra en el dogma religioso un terreno fértil. La fe, cuando se transforma en instrumento político, deja de ser una experiencia espiritual íntima y se convierte en una herramienta de poder.
El mensaje ya no es el del amor al prójimo, la justicia o la compasión, sino uno de obediencia ciega, exclusión del diferente y legitimación de la violencia simbólica —y en ocasiones real— contra quienes no se alinean con una supuesta “voluntad divina”, convenientemente interpretada por quienes desean gobernar sin límites.
El narcisismo político necesita adoración, enemigos y una narrativa épica. Las corrientes religiosas radicalizadas ofrecen exactamente eso: una masa fiel, una verdad absoluta y un relato moral que divide el mundo entre “los correctos” y “los desviados”. Bajo esta lógica, el líder deja de ser un funcionario temporal y se convierte en un elegido; si es cuestionado, el ataque ya no es político ni jurídico, sino espiritual. La crítica se vuelve pecado y la oposición, herejía.
Casos como Nicaragua, El Salvador, Rusia, Israel o Estados Unidos, cada uno desde su realidad histórica y cultural, muestran cómo el lenguaje religioso ha sido utilizado para justificar la concentración del poder, el debilitamiento institucional, la guerra, la represión o la negación de derechos. En estos contextos, la fe ha servido como escudo de impunidad, permitiendo que personas corruptas o autoritarias se afiancen en el poder con amplios niveles de popularidad, incluso cuando sus decisiones contradicen principios básicos de justicia y humanidad.
Costa Rica: una señal de alerta
Costa Rica, tradicionalmente vista como una democracia sólida en la región, no está ajena a este fenómeno. Los procesos electorales más recientes dejaron en evidencia cómo sectores y grupos evangélicos organizados han adquirido un peso político significativo, no solo como actores de opinión, sino como socios estratégicos del poder.
En este contexto, se hicieron públicos acuerdos y alianzas entre agrupaciones religiosas y proyectos políticos que aspiraban a gobernar, a cambio de la firma de un llamado “pacto ético de valores cristianos”. Aunque presentado como un compromiso moral, este tipo de pactos no fortalecen la ética pública ni la democracia; por el contrario, imponen una línea ideológica rígida, excluyente y contraria al pluralismo que sustenta un Estado democrático.
Lejos de promover el amor al prójimo, la justicia social o la solidaridad —valores centrales del cristianismo—, estos acuerdos han servido para legitimar discursos autoritarios, restringir derechos y condicionar políticas públicas a una moral religiosa específica, ignorando la diversidad de creencias y realidades que conforman la sociedad costarricense. El riesgo no es teórico: es estructural. Cuando el poder político se subordina a un dogma, la ley deja de ser universal y se vuelve selectiva.
La experiencia internacional demuestra que este camino no termina bien. Las alianzas entre poder político, fanatismo religioso y liderazgos narcisistas han sido la antesala de regímenes autoritarios en países como Nicaragua, Rusia o El Salvador, donde, en nombre de la fe y de Dios, se han normalizado la persecución, la corrupción, la concentración del poder y la violación sistemática de derechos humanos.
La fe como excusa para la injusticia
Uno de los elementos más preocupantes de este fenómeno es el uso estratégico de las iglesias y comunidades con menor acceso a educación crítica, no por falta de capacidad intelectual, sino por abandono institucional. A través de mensajes simplificados y cargados de emociones —“Dios está con nosotros”, “el líder es instrumento divino”, “la ley humana estorba el plan de Dios”— se construye una narrativa de odio, división social y obediencia absoluta.
Así se consolida una cultura de la muerte, donde la violencia, la guerra, la exclusión o la miseria ajena se justifican como sacrificios necesarios para preservar un orden moral ficticio. Todo esto se presenta como defensa del cristianismo, aunque contradice frontalmente su esencia. En lugar del Cristo que sirve, se exalta al líder fuerte; en lugar de la compasión, el castigo; en lugar de la verdad, la propaganda.
Una reflexión necesaria
Defender la fe no implica entregarla al poder político, ni promover valores significa imponerlos por la fuerza. La historia demuestra que cuando Dios se convierte en consigna electoral y la moral en herramienta de control, la democracia se debilita y el autoritarismo avanza.
Costa Rica aún está a tiempo de aprender de las lecciones ajenas y de sus propias señales de advertencia. Recuperar una ética pública auténtica —tanto en la religión como en la política— exige pensamiento crítico, educación, una clara separación entre fe y Estado, y la valentía de afirmar que ningún líder habla en nombre de Dios y ningún dogma está por encima de los derechos humanos y la ley.
Porque cuando la fe se usa para justificar la injusticia, deja de ser esperanza y se convierte en instrumento de dominación.
