Aarón Chinchilla EP. | Luego que la Asamblea Legislativa aprobara el Expediente N° 21.448, el Poder Ejecutivo se mostró complacido con la decisión tomada por los 54 diputados, ya que permitiría al país Costa Rica tener mejores herramientas en la lucha contra la corrupción y seguir consolidando el proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Luego del trámite afirmativo, en representación del Ejecutivo, la Ministra de Justicia y Paz, Marcia González, agradeció a la Asamblea el apoyo a esta iniciativa y consideró que, con dicho proyecto de ley “damos un mensaje muy claro del compromiso inclaudicable en la lucha contra la corrupción y avanzamos un paso más en el proceso de incorporación a la OCDE, con lo cual reafirmamos la clara voluntad de la Administración Alvarado Quesada en combatir de manera decidida estas malas prácticas”.
Criterio similar tuvo Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior, quien se mostró satisfecha con lo ejecutado y planteó a los diputados que, al igual que hoy, brinden el apoyo al proyecto en su segundo debate, para que el 21.448 pueda convertirse en ley de la República.
Con 54 votos y de forma unánime, los legisladores dieron trámite afirmativo al Expediente N°21.428, el cual señala que todas las personas jurídicas y grandes empresas que dieran sobornos a funcionarios públicos serán multadas con mil a 10.000 salarios base. Tras etapas de negociación, también se contempló modificar el texto original y se aprobaron multas de 30 a 200 salarios bases para micro, pequeñas y medianas empresas que intenten sobornar a empleados públicos.
Este proyecto es uno de los requisitos que el país debe aprobar para su adhesión a la OCDE y es producto del esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado costarricense, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia y Paz.
