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George Rodríguez EP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró, este martes, emergencia nacional respecto al gobierno de Nicaragua, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a partir de esa declaración sancionó a la vicepresidenta y primera dama nicaragüense, Rosario Murillo, además de un asesor presidencial.

La decisión de Trump está contenida en una Orden Ejecutiva (Executive Order, EO), explicó el departamento, en un comunicado, y precisó que su Oficina de Control de Bienes Foráneos (Office of Foreign Assets Control, OFAC) decidió las sanciones, de acuerdo con ese documento presidencial.

“Hoy, el Presidente Donald J. Trump firmó una E.O. declarando emergencia nacional respecto a la violenta respuesta del Gobierno de Nicaragua a las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 y al desmantelamiento y minado sistemático, por el régimen de Ortega, de las instituciones democráticas, su uso indiscriminado de violencia y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción conducente a la desestabilización de la economía de Nicaragua”, señaló.

El departamento precisó, asimismo, que la Orden Ejecutiva prevé la imposición de sanciones a los actores involucrados en lo que describió como “esas actividades malignas”.

“Bajo la recién emitida E.O., la OFAC impuso sanciones a dos de los más allegados colaboradores del Presidente nicaragüense Daniel Ortega: la Vicepresidenta de Nicaragua y Primera Dama, Rosario María Murillo de Ortega –Murillo-, y Nestor Moncada Lau –Moncada-, quien se ha desempeñado como asesor de seguridad nacional del Presidente y la Vicepresidenta”, informó.

Las sanciones incluyen el bloqueo de propiedades de las personas señaladas, de acuerdo con la información incluida en el comunicado.

“Como resultado de las acciones de hoy, cualquier propiedad o interés en propiedad de los designados (señalados) por la OFAC, dentro de o en tránsito por la jurisdicción de Estados Unidos o en posesión o control de una persona estadounidense debe ser bloqueado y comunicado a la OFAC”,  agregó el Departamento del Tesoro.

En ese sentido, los ciudadanos estadounidenses tienen, además, prohibido realizar transacciones con esas propiedades, planteó, además.

“Las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben toda transacción, por parte de personas estadounidenses dentro de –o en tránsito por- Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas designadas, incluyendo entidades propiedad, en 50 por ciento o más, de las personas designadas”, precisó.

Citado en el comunicado, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, acusó a Murillo, y a sus colaboradores políticos, de actuar para consolidar su control del poder.

“La Vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos han tratado sistemáticamente de desmantelar las instituciones democráticas y saquear la riqueza de Nicaragua para consolidar su control del poder. Esta Administración está comprometida con lograr que el régimen de Ortega rinda cuentas por las violentas protestas y la corrupción generalizada que han conducido a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, afirmó Mnuchin.

Por ello, es necesario impedir que los allegados al régimen nicaragüense tengan acceso al sistema financiero estadounidense, aseguró.

“El (Departamento del) Tesoro está decidido a asegurarse que los allegados al Régimen de Ortega no logren tener acceso al sistema financiero de Estados Unidos para lucrar a expensas del pueblo nicaragüense”, advirtió.

En el comunicado, la élite gobernante y quienes los apoyan son descritos como responsables de corrupción y abusos a los derechos humanos.

Al respecto, y de acuerdo con la Orden Ejecutiva, la OFAC decidió actuar “poniendo la mira en el régimen de Ortega y sus partidarios, quienes siguen involucrados en corrupción sin control, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, serios abusos de derechos humanos, y la explotación del pueblo y de los recursos públicos de Nicaragua para lucro personal”, indicó el departamento.

Además de Murillo y Moncada, Estados Unidos ha sancionado a otros altos funcionarios nicaragüenses allegados al presidente y a su esposa, sumando, de momento –y en el lapso de casi un año-, seis casos.

En los otros cuatro casos, se trató de la aplicación de la Ley Global Magnitsky, que, aprobada en 2016 por el Congreso de Estados Unidos, autoriza, al gobierno estadounidense,  a sancionar a jerarcas de gobiernos de otros países, a nivel mundial, involucrados lo mismo en violaciones a los derechos humanos que en actos de corrupción.

En lo que tiene que ver con Nicaragua, el primero fue el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral Roberto Rivas, a quien la ley fue aplicada el 20 de diciembre del año pasado, a raíz de actos de corrupción –incluido enriquecimiento ilícito-.

Asimismo, el gobierno de Trump informó el 5 de julio, mediante un comunicado del Departamento de Estado, la aplicación de la ley a otros tres estrechos colaboradores del gobierno de Ortega: el comisionado general de la Policía Nacional, Francisco Díaz –quien, además, es consuegro del presidente nicaragüense, Daniel Ortega-, el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, y el secretario general de la Alcaldía de Managua –la capital nacional-, Fidel Moreno.

Díaz fue señalado por dirigir a la fuerza policial en la comisión de serias violaciones a los derechos humanos, a Moreno se le responsabilizó por actos de violencia cometidos por integrantes de la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales contra manifestaciones callejeras antigubernamentales, y López fue acusado de haberse valido de su posición en el FSLN para beneficio personal y familiar.

La aplicación de esa legislación implica el bloqueo de todos los bienes de los sancionados, o la participación de éstos en la posesión de bienes dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

La firma de la Orden Ejecutiva y la aplicación de las sanciones por parte de la OFAC se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica que hace más de siete meses golpea a Nicaragua.

Estallada el 18 de abril, la dramática situación presenta, hasta ahora, saldo de por lo menos 545 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, además de daño general a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la limítrofe Costa Rica, donde más de veinte mil nicaragüenses han solicitado refugio-.

Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, lo mismo que de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos progubernamentales armados, en general, actuando conjuntamente.

La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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