George Rodríguez EP. El gobierno estadunidense anunció, este lunes, que decidió bloquear los bienes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), informó, en un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La medida responde a la corrupción en gran escala que venía ocurriendo en la empresa, y para evitar la desviación de bienes venezolanos por parte de autoridades del gobierno encabezado por Nicolás Maduro, de acuerdo con lo indicado, asimismo, en declaraciones por separado, por altos funcionarios estadounidenses.
“Como resultado de la acción de hoy, toda propiedad e intereses en propiedad de PdVSA sujetos a jurisdicción de Estados Unidos están bloqueados, y las personas estadounidenses, en general, tienen prohibido emprender transacciones con ellos”, indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado.
La designación de PDVSA para la aplicación de sanciones en línea con la Orden Ejecutiva (Executive Order, EO) firmada el 1 de noviembre de 2018 por el presidente estadounidense, Donald Trump, estuvo a cargo de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, de acuerdo con la información oficial.
De acuerdo con versiones periodísticas originadas en Estados Unidos, la acción contra PDVSA significa el bloqueo de 7,000 millones de dólares en activos de la empresa en ese país.
“La designación de hoy, de PDVSA, ayudará a evitar que siga la desviación de bienes de Venezuela por parte de Maduro, y preservará esos bienes para el pueblo de Venezuela”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien agregó que “la vía para levantar las sanciones a PDVSA consiste en la expedita trasferencia del control al presidente interino o a un subsiguiente gobierno democráticamente elegido”.
Se trata de que los responsables de la aguda crisis socioeconómica que hace años golpea a Venezuela, asuman su responsabilidad, indicó el funcionario, citado en el comunicado.
“Estados Unidos está llamando a cuentas a los responsables de la trágica decadencia de Venezuela, y seguirá usando toda la gama de sus instrumentos diplomáticos y económicos para apoyar al presidente interino (venezolano) Juan Guaidó”, advirtió Mnuchin.
Por su parte, en una declaración difundida por su vocería, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, indicó que la medida apunta a impedir que el régimen madurista siga saqueando a Venezuela.
“Hoy, Estados Unidos ha emprendido las acciones necesarias para impedir que el ilegítimo ex régimen de Maduro siga saqueando los bienes y los recursos naturales de Venezuela”, y “ha determinado que personas operando en el sector petrolero de Venezuela pueden, ahora, ser sometidas a sanciones según la Orden ejecutiva” firmada en noviembre por Trump, y PDVSA “ha sido designada por operar dentro de este sector”, explicó Pompeo.
Funcionarios inescrupulosos, incluido Maduro, han usado a PDVSA para lucro personal, aseguró el jerarca gubernamental.
“Maduro y sus compinches han usa, durante mucho tiempo, a la estatal PDVSA para controlar, manipular, y robarle al pueblo venezolano, destruyéndola, al hacerlo”, precisó.
Mediante la medida anunciada, se protege al principal entre los bienes de ese país, señaló el secretario de Estado.
“La acción de hoy impedirá que Maduro y otros actores corruptos sigan enriqueciéndose a expensas del pueblo venezolano, que sufre hace mucho tiempo. Además, preservará al pilar central de los bienes de Venezuela, para el pueblo y para un gobierno democráticamente elegido”, explicó.
La acción referida a la empresa petrolera se suma a similares medidas que la OFAC ha aplicado los pasados tres años, contra funcionarios gubernamentales y personas allegadas a Maduro.
Entre los casos más recientes, Cilia Flores, esposa de Maduro y ex fiscala general, fue designada el 25 de setiembre de 2018.
La decisión referida a PDVSA ocurrió cinco días después de que Guaidó, diputado opositor y presidente de la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- venezolana se autoproclamó, el 23 de enero, presidente interino del país, por considerar que la presidencia estaba vacante, a causa de la usurpación del cargo, por parte de Maduro.
La oposición interna y parte de la comunidad internacional, han señalado que el segundo período gubernamental consecutivo (2019-2025) que Maduro inició el 10 de enero es ilegítimo, ya que el mandatario obtuvo la reelección mediante la votación llevada a cabo el 20 de mayo de 2018, con mínima participación opositora, y sin observación internacional independiente.
Por su parte, Maduro ha afirmado que la acción de Guaidó constituyó un golpe de Estado a iniciativa del gobierno de Estados Unidos, país respecto al cual anunció la ruptura de relaciones diplomáticas.
Venezuela registra, hace años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido por lo menos tres millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
