El exmagistrado costarricense Celso Gamboa Sánchez fue acusado formalmente por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación como miembro activo de una red internacional de narcotráfico desde al menos 2017, cuando aún ocupaba un alto cargo en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.
La acusación, sellada el pasado 9 de julio y firmada por el fiscal federal Jay R. Combs, fue emitida por la Corte del Distrito Este de Texas, que solicita su extradición para enfrentar cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína con destino al mercado estadounidense.
Según la acusación, Gamboa habría coordinado operaciones de narcotráfico con presencia en Colombia, México, Panamá, Honduras, Guatemala y Costa Rica, actuando en complicidad con organizaciones criminales como el Cartel del Golfo, el Clan del Golfo colombiano y el Cartel de Sinaloa.
Exmagistrado y presunto líder regional del narco
El documento señala que Gamboa actuó “consciente e intencionalmente” para conspirar con otros actores criminales, tanto conocidos como desconocidos por el gran jurado, con el fin de fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, sabiendo que serían importados ilegalmente a Estados Unidos, lo cual constituye una violación al Título 21 del Código de EE. UU., artículos 959, 960 y 963.
Uno de los cargos subraya que la actividad delictiva habría comenzado “alrededor de 2017” y se habría mantenido activa hasta la fecha reciente de la acusación. En ese periodo, Gamboa pasó de ser magistrado de la Sala III a ejercer como abogado penalista, defendiendo a varios individuos vinculados al narcotráfico.
Detención y solicitud de extradición
Gamboa fue arrestado el 23 de junio de 2025 en Costa Rica, junto a su presunto cómplice Edwin Danny López Vega, alias Pecho de Rata. Ambos fueron capturados en el marco de la Operación Take Back America, una iniciativa de Washington para desarticular estructuras criminales internacionales.
El Departamento de Justicia estadounidense advirtió que, de ser encontrados culpables, los acusados enfrentarían penas mínimas de 10 años y hasta cadena perpetua en prisión federal. Sin embargo, la Ley costarricense de Extradición N.º 4795 impide que una persona extraditada desde Costa Rica sea condenada a más de 50 años de prisión, lo que limita la aplicación de penas más severas en EE. UU.
Actividad reciente y colaboración con informantes de la DEA
Una investigación reciente de la DEA reveló que Gamboa seguía activo en 2023. Según el expediente, en septiembre de ese año, sostuvo una reunión con dos socios criminales —quienes colaboraban como informantes confidenciales— y aseguró contar con apoyo dentro del gobierno costarricense para facilitar el paso de cocaína por territorio nacional.
Durante el encuentro, grabado por las autoridades, Gamboa afirmó tener capacidad de garantizar el tránsito de droga tanto por el Caribe como por el Pacífico, gracias a sus presuntas conexiones derivadas de sus antiguos cargos como comisionado antidrogas, ministro de Seguridad y director de Inteligencia.
Además, el reporte indica que Gamboa habría traicionado a socios del Cartel del Golfo, proveyendo información que condujo a la captura y extradición de una célula criminal activa en el Caribe costarricense, conocida como Los Hondureños o La H.
De la cúpula judicial al crimen organizado
Gamboa fue destituido de su cargo como magistrado en abril de 2018, luego de que la Corte Plena solicitara su salida por presuntas interferencias indebidas en el caso del “cementazo”, escándalo relacionado con millonarias líneas de crédito otorgadas por el Banco de Costa Rica a favor del empresario Juan Carlos Bolaños, amigo personal del exjuez.
Desde su salida del Poder Judicial, Gamboa representó legalmente a varios acusados por narcotráfico, incluyendo a Darwin González Hernández (alias Pancho Villa), Alejandro James Wilson (caso Turesky) y el propio López Vega.
La extradición de Gamboa será determinada en las próximas semanas por los tribunales costarricenses. De concretarse, enfrentará juicio en Dallas, Texas, por uno de los casos más graves de presunta infiltración del crimen organizado en las altas esferas del sistema judicial costarricense.
