Elvis Martínez. Ecologistas costarricenses ganaron la batalla contra los transgénicos, luego que la Sala Constitucional determinara que el otorgamiento de permisos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a la Transnacional Monsanto en los que se liberó la siembra de maíz transgénicos en el país, vulnera los derechos fundamentales de la población.
El 21 de enero de 2013 la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) del Servicio Servicio Fitosanitario del Estado otorgó los permisos y declaró como confidencial los documentos de las negociaciones con Monsanto.
El primero de febrero de ese año la Sala Constitucional acogió un recurso de inconstitucionalidad presentado por organizaciones ecologistas respaldada por el abogado y exdiputado José María Villalta, en contra del reglamento del Servicio Fitosanitario del Estado. Las organizaciones civiles alegaban que el reglamento y el procedimiento de votación fue incorrecto y que no permitió una discusión abierta sobre los transgénicos que afecta a todas y todos los costarricenses.
En la resolución N° 2014-15017 la Sala Constitucional advierte que los permisos para la siembra de maíz transgénico no pueden otorgarse mientras no se garantice el derecho a la información de todas las personas.
“Esta decisión no detiene el cultivo de transgénicos definitivamente, pero es un gran precedente para demostrar que nuestros derechos más importantes han venido siendo vulnerados con los permisos otorgados a la fecha”, manifestó la organización Bloque Verde.
Para el ecologista y profesor de agroecología, Fabián Pacheco, la resolución abre paso a una discusión abierta sobre el tema.
“Con ello, se detienen los permisos en trámite, hasta tanto no se corrija la norma por una que garantice que la Constitución Política y la seguridad ambiental estén por encima de algunos pocos y poderosos intereses”, manifestó Pacheco en la red social Facebook tras conocer la resolución.
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