Aarón Chinchilla EP. | Luego que un grupo de taxistas anunciara que estaría presentando, al menos, 12 cambios de forma al texto sustitutivo del expediente 21.478, que regularía plataformas tecnológicas de transporte como Uber, InDriver y Didi, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa consideraron que la propuesta de la Fuerza Roja sería inviable.
Leer Más: Taxistas presentarían 12 cambios a texto que regularía plataformas tecnológicas
En declaraciones a ElPeriodicocr, los legisladores consideraron que, a pesar que muchas de las cosas planteadas por los taxistas podrían ser analizadas en la Comisión, algunas resultan inviables o en su defecto, otras ya fueron incorporadas en el texto sustitutivo o fueron rechazadas por los transportistas.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el independiente Erick Rodríguez Steller, quien contundentemente afirmó que ninguno de los cambios solicitados es de recibo.
¡Yo no entiendo! Ellos deberían ubicarse en el sentido que los cambios tecnológicos llegaron para quedarse y no va a dar marcha atrás, con ley o sin ley. Hablan de indeminzaciones ¡El Estado no tiene plata para indemnizar a esta gente! ¿Sabe cuál es otro problema? ¡Ellos vinieron aquí y dijeron que renunciaban a toda indemnización! Me parece que en utopías es lo que viven. Ya tenemos Uber e ingresó Didi. Esto no lo va a parar nadie ni va para ningún lado. ¡Ni hay indemnización ni ponerle tope, ni hacerlo servicio público por que es una plataforma, ni tampoco una relación laboral! ¡Nada de eso va!.
El Presidente de la Comisión, Roberto Thompson (PLN) señaló que no ha recibido ninguna propuesta, sin embargo, “algunos de los planteamientos vuelven al proyecto presentado por el MOPT que fue rechazado, de forma unánime por la comisión”.
Me parece que algunos contradicen el sentido del proyecto actual. Lo cierto del caso es que los vamos a recibir y lo peor que puede pasar para ellos, es que no haya regulación. El hecho que no haya regulación crea presión e incertidumbre. ¡Vamos a esperar esos cambios! El proyecto actual considera servicios de interés público, pero las cataloga como instrumento privado. Ahí hay una diferencia que modificaría sustancialmente el texto. Sobre la compensación, no está establecida y además estamos en crisis fiscal. ¡Habría que plantear de dónde saldrían tantos recursos! Son miles de millones de colones. Además, cuando partimos con este texto, partimos de la renuncia que hicieron ellos a indemnización.
Karine Niño (PLN) mencionó que los cambios serían analizados y si van de consenso, podrían considerarse, pero además, instó a que el Ejecutivo se manifieste y presente cambios oportunos para que el proyecto salga robusto.
Lo que es una realidad es que vienen nuevas plataformas, incluso más grandes que Uber. Los servicios de transporte vinieron para quedarse. Meter las plataformas en el sector público es no ajustarse a la realidad, pero hay que buscar asegurar la mejor forma para que los taxistas sigan operando y que cada persona pueda escoger si quiere elegir un transporte público o privado. Sobre el tema de los 40 millones, no es competencia de la Asamblea Legislativa . Ellos tienen total derecho a presentar el reclamo correspondiente, pero aquí no es la sede. Lo que aquí se da es buscar la regulación de las plataformas y que haya competencia sana.
Del mismo modo, Luis Ramón Carranza (PAC) señaló que las propuestas deben evaluarse con mucho cuidado y el órgano legislativo debe estar abierto a escuchar al sector de taxistas.
Todas las propuestas deben ser analizadas una por una para ver si tienen conexidad con el texto que se discute y en segundo lugar, el tema de voluntad. Cuando se habla de servicio público-privado, compensación económica cuando hubo discusiones y no hubo acuerdo. Yo no niego de escuchar, pero habrá que analizar todos esos puntos uno a uno. Algunas que escuché son difíciles: Si es público o privado, cuando ya se determinó que será privado. La rotulación. Algunas ya están incorporadas como las sociedades anónimas, además de la compensación, puesto que el proyecto no lo considera.
Actualmente, el expediente 21.478 se encuentra en audiencias y se espera que a finales de noviembre y con sesiones extraordinarias, concluya esta etapa. El objetivo sería dictaminarlo, a más tardar en el mes de enero del 2020.
En detalle, el representante de la Coalición Nacional del Transporte Público-Conatrap y Unión de Taxistas Costarricenses-UTC, Rubén Vargas explicó que, de la forma en la que se ha tramitado el texto, únicamente que “podrían aceptarlo en un 40% del proyecto” y lo acogerían en su totalidad si las plataformas son declaradas como transporte público, 30% de la flota, la rotulación de vehículos bajo dicha modalidad y además, una “tarifa techo” y una “tarifa piso”.
Otros cambios que estarían sugiriendo son el respeto a las bases de operación, una placa por persona, la no realización de sociedades anónimas, la responsabilidad de la operadora en el aseguramiento de los conductores y mantener una planilla, la implementación de un transitorio para que el taxista sea compensado económicamente por “el daño que ocasionaron las plataformas en los últimos cuatro años”.
Todos estos cambios serán “sin eludir que la Fuerza Roja irá al Tribunal Contencioso Administrativo”para ver la indemnización de daños y perjuicios causados por “los piratas”.
Consultado sobre el monto resarcitorio, Vargas no precisó una cifra exacta, pero estimó que debería ser entre 20 y 40 millones por cada taxi.
