Allan Madriz | EP. Con 41 votos a favor y 3 en contra, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate el expediente 21.922, “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19”.
La iniciativa que fue ampliamente discutida este jueves en el Plenario Legislativo, tras la solicitud de Alcaldes al apoyo de la propuesta, permitirá excluir a los gobiernos locales de la Regla Fiscal.
Para la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Yorleny León, se pudieron tercerizar servicios sin salir de la Regla Fiscal.
“He decidido votar en contra del expediente 21.922, porque considero injustificable el dejar a las Municipalidades por fuera de la regla fiscal, y aún más, que se haga de forma permanente. La situación del país amerita, hoy más que nunca, la disciplina fiscal y el orden financiero”, indicó León.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pedro Muñoz, también criticó que se dejara por fuera la regla fiscal y expresó su preocupación de que con esto algunas Municipalidades se puedan endeudar de más.
“Este nuevo texto que se está aprobando hoy no fue a consultado a la Contraloría General de la República, no fue consultado al Banco Central de Costa Rica, ambas instituciones habían mostrado reservas importantes sobre el texto anterior. Me parece que en buena práctica política debimos haber tomado el cuidado de abrir un espacio para que estas entidades pudieran pronunciarse sobre el texto”, manifestó el diputado del PUSC.
La propuesta establece que la Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberán realizar de forma oportuna la transferencia de los recursos a las municipalidades, según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N°8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria.
Por su parte, la legisladora liberacionista, María José Corrales, destacó el proyecto como un paso importante y necesario para que las Municipalidades y Concejos Municipales de distrito puedan atender con éxito las diferentes necesidades que se están presentando, producto de la pandemia.
“Nuestros gobiernos locales podrán contar con los recursos que permitan no solo asegurar la prestación de servicios básicos, sino también ayudar a las personas afectadas y promover la recuperación económica desde las propias comunidades que representan”, explicó Corrales.
En el caso de las personas que pagan impuestos y servicios municipales se establecen una serie de moratorias y reducciones en los pagos que deben realizar:
- Moratoria de tres trimestres, a partir del trimestre de cobro vigente en la declaración del estado de emergencia, en el pago de impuesto por patentes municipales. Para ello, el contribuyente debe demostrar una afectación del 20% de la actividad lucrativa.
- Moratoria de tres trimestres o nueve meses (dependiendo del gobierno local) por concepto de tasas, precios públicos y servicios municipales.
- Reducción de hasta un 50% de los montos cobrados por concepto de arrendamientos de locales, tramos o puestos en mercados municipales hasta diciembre del 2020. La persona deberá demostrar una disminución significativa en las ventas.
La propuesta además autoriza utilizar los recursos que reciban por transferencias del Gobierno Central, para garantizar la continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, gestión integral de residuos o cementerio, así como para gastos administrativos, en atención de la disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia.
El proyecto todavía no tiene fecha de votación en segundo debate, ya que será consultado al Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, las Municipalidades, los Consejos Municipales de Distrito, Bancos Estatales y el Ministerio de Salud.
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