Aarón Chinchilla EP. | Un proyecto de ley presentado por el diputado del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Dragos Dolanescu, pretende la venta de activos o inmuebles ociosos (no usados) del Estado para pagar o mitigar la deuda pública.
A través del expediente N°21.393, Dolanescu plantea que se autorice a los órganos de la Administración Central es decir Poder Ejecutivo y sus dependencias a que enajenen o liquiden los bienes inmuebles o equipo mobiliario útil inscritos a su nombre que no estén siendo utilizados en modo alguno o que, a criterio de una institución pública, resulten innecesarios o subutilizados.
Previo a la venta de los inmuebles, las instituciones deberán realizar un inventario anual de todos sus activos subutilizados, y en caso de no existir bienes de ese tipo deberá certificarse por medio de constancia la inexistencia de este tipo de bienes.
Es importante mencionar que el Estado cuenta con una gran cantidad de bienes que no están siendo utilizados, mismos que no han sido aprovechados, generando gastos de mantenimiento, bodegaje y depreciación, léase despilfarro de recursos y presión fiscal”, cita el documento presentado por el Republicano.
Con dicha medida, Dolanescu considera que, en el supuesto de la venta de los bienes “está claro que lo propio es aplicar todo la reducción o servicio de la deuda pública, ya que si por esta vía se ha financiado el desmedido gasto público existente, pues pareciera lógico o apegado a la paridad de razón que por esa misma vía se recupere al menos parte de ese gasto”.
“(…) de nada sirve “depurar” el inventario si por el otro lado se sigue realizando un abasto impropio”.
En 2009, se presentó una iniciativa similar bajo el expediente N°16.512, denominado: “Ley Especial para reducir la Deuda Pública mediante la venta de activos ociosos o subutilizados del Sector Público”, no obstante dicho expediente fue dictaminado negativamente por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Igualmente, en 2011, el expediente N°18.018 fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, sin embargo fue archivado en 2015 por vencimiento del plazo cuatrienal de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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