George Rodríguez EP. Estados Unidos considera que la violenta crisis sociopolítica que hace diez mese afecta a Nicaragua debe resolverse este año, dijo, en declaraciones publicadas este lunes, el diputado opositor nicaragüense Alfredo César.
La solución pasa, necesariamente, por la realización, este año, de elecciones, las que no necesariamente deben ser presidenciales, aseguró César, presidente del Partido Conservador (PC) y diputado por esa agrupación, al periódico nicaragüense El Nuevo Diario (END), tras la visita que la semana pasada realizó a Estados Unidos.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, considera que, si bien ambos casos presentan características diferentes, la crisis de Nicaragua está conectada con la de Venezuela, señaló César, quien, en Washington, se reunión con altos funcionarios gubernamentales de Estados Unidos, tales como el embajador en la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo, y el encargado de dirigir la política respecto a Venezuela, Elliott Abrams.
“El gobierno de Donald Trump ve la crisis de Nicaragua como una extensión de la crisis en Venezuela, las ve ligadas”, sin perder de vista las diferencias, y, “en el caso de Nicaragua, ellos consideran que la solución debe darse este año, con elecciones anticipadas en este 2019”, señaló.
Las próximas elecciones presidencial y legislativa nicaragüenses están programadas para llevarse a cabo en noviembre de 2021, pero la masiva oposición al régimen del presidente Daniel Ortega reclama la salida del mandatario y la convocatoria a elecciones antes de esa fecha.
Los jerarcas gubernamentales de Estados Unidos “están decididos a que la crisis de Nicaragua se resuelva este año con elecciones anticipadas, esa es la percepción. Ellos siguen manteniendo que la crisis en el país debe resolverse a través de un diálogo que produzca una negociación política, en la que se acuerde la fecha de las elecciones anticipadas”, reafirmó.
César aclaró, en cuanto al adelanto de los comicios, que la eventual votación de estos años podría no ser presidencial.
“Quiero hacer ver que por elecciones anticipadas, en el caso de Nicaragua, no necesariamente son elecciones presidenciales; podrían ser elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, para primero elaborar una nueva constitución, un gobierno de transición de un año y después, en el año 2020, hacer elecciones presidenciales y legislativas”, explicó el legislador.
En cuanto a la visión del gobierno de Trump sobre las crisis nicaragüense y venezolana, César indicó que su reunión con Abrams obedeció al hecho de que, según indicó, si bien está encargado de la política estadounidense para Venezuela, el funcionario también coordina la política respecto a Nicaragua.
Abrams se desempeñó, durante el gobierno del presidente estadounidense Ronald Reagan (1981-1985, 1985-1989) como subsecretario de Estado, inicialmente para Asuntos de Organizaciones Internacionales, luego para Derechos Humanos y Asuntos Humanitario, y posteriormente para Asuntos Interamericanos.
A raíz de la investigación del escándalo de corrupción estallado en 1985 –durante la segunda presidencia de Reagan-, en torno al financiamiento a la fuerza mercenaria nicaragüense conocida como “la contra” -apoyada por Estados Unidos para derrocar al gobierno revolucionario de Nicaragua (1979-1990)-, Abrams fue acusado penalmente, condenado, e indultado, en 1992, por el entonces presidente estadounidense (1989-1993), George Bush –ex director de la Agencia Central de Inteligencia (1976-1977) y ex vicepresidente de Reagan-.
Por su parte, César fue ministro de Reconstrucción Nacional y presidente del Banco Central de Nicaragua, en la administración de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) (1979-1985), que marcó el inicio del gobierno revolucionario.
Tras su salida en 1982, por discrepancias políticas, de la administración de la JGRN, César se incorporó, en 1987, al directorio de “la contra”, participó en la negociación de paz con el gobierno revolucionario, y fue firmante del acuerdo que puso fin a la guerra interna nicaragüense (1982-1990.
Como parte de su más reciente actividad política, el actual legislador fue candidato presidencial en 1996.
Las declaraciones de César fueron publicadas dos días después de que representantes del régimen orteguista y del sector empresarial nicaragüense desarrollaron una reunión durante la cual coincidieron en la necesidad de lograr un entendimiento para dar inicio a una negociación.
La reunión se llevó a cabo, el para abordar temas de alta significación, indicó el gobierno, en un escueto comunicado, sin proporcionar detalles tales como los puntos específicos que fueron abordados, quiénes fueron los participantes, dónde se llevó a cabo y cuánto duró el encuentro.
“El día de hoy 16 de febrero de 2019, el Gobierno de Nicaragua se reunió con un grupo de empresarios representativos del Sector Privado Nicaragüense para abordar temas importantes para el bien común del país”, de acuerdo con lo indicado en el texto de tres párrafos.
Las partes coincidieron en que es necesario hallar un punto de convergencia que facilite el lanzamiento de un proceso negociador, según el comunicado.
“En el abierto intercambio, se ha confirmado la necesidad de un entendimiento para empezar una negociación, a través de un encuentro incluyente, serio y franco”, agregó, sin precisar el objetivo del diálogo.
También informó sobre la presencia de la Iglesia católica, representada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislav Sommertag.
La violenta crisis sociopolítica nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión ha sido, desde entonces, la respuesta sostenida del régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, ante la masiva exigencia popular de que ambos renuncien.
Las acciones policiales y parapoliciales se han centrado, más recientemente, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
