George Rodríguez EP. Una parroquia en la occidental ciudad nicaragüense de Granada fue blanco de asedio por parte de un grupo de simpatizantes gubernamentales, mientras se oficiaba misa, denunció este domingo la Diócesis de Granada.
El incidente ocurrió el sábado, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en esa ciudad ubicada a unos 45 kilómetros al sureste de Managua, la capital nacional, precisó la diócesis, en un comunicado que difundió en redes sociales.
“A la hora de la celebración de la Santa Misa, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en la ciudad de Granada, un grupo de turbas afines al Gobierno entraron violentamente a la Iglesia gritando e insultando por el lado de la nave de la Virgen de Dolores”, informó.
Por su parte, el obispo de Granada, Jorge Solórzano, condenó la acción de los simpatizantes del gobierno, y llamó a los fieles a orar para que incidentes de esa índole no se repitan.
“Rechazamos y condenamos este acto como una falta de respeto a nuestras parroquias”, escribió Solórzano, en la red social Twitter, además de solicitar, a los católicos, “sus oraciones para que cesen estos actos”.
El religioso declaró apoyo al párroco de La Merced, el sacerdote Juan Francisco Moreira, así como a los fieles locales.
“Pido se respete nuestros templos y nuestras celebraciones litúrgicas”, agregó.
También el sábado, en la capital nicaragüense, el rector de la Catedral Metropolitana de Managua, Luis Herrera, denunció que muros externos del templo amanecieron pintados con expresiones anticlericales.
“Curas golpistas”, “curas asesinos”, “no a la impunidad de terroristas y golpistas”, “en otros países violadores y aquí golpistas”, son algunas de las consignas escritas.
Las inscripciones reprodujeron algunos de los conceptos con los cuales el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se ha referido a los integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), luego de que, durante un encuentro con el mandatario, el 7 de junio, los 10 obispos le plantearon adelantar, a marzo de 2019, las elecciones programadas para 2021.
El planteamiento, formulado en procura de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace más de cuatro meses convulsiona a ese país centroamericano, fue rechazado por Ortega.
Doce días después, en el marco de la multitudinaria conmemoración central del 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Ortega denunció, en Managua, que la crisis es resultado de un intento golpista apoyado por la CEN.
“Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas”, de modo que, “ahí mismo, ellos se descalificaron como mediadores, se descalificaron como testigos. Por qué? Porque su mensaje claro fue el golpe”, subrayó Ortega, respecto a los obispos, y aseguró que “un golpe de Estado querían provocar, en Nicaragua, dicho por ellos”.
En alusión a las “turbas” –integrantes de base del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, Herrera señaló que las pintas anticlericales en los muros externos de la catedral son recurrentes.
“Siempre hay personas que tienen esa mala educación, de escribir en las paredes. Pero, bueno, tampoco vamos a ir a pelear por eso, no vamos a pelear con nadie. Simplemente se manda a pintar” por encima de lo escrito, indicó.
Lo preocupante radica en el mensaje de odio hacia la Iglesia católica, lo que hace pensar en que las agresiones –incluidos ataques verbales y físicos, como los ya ocurridos contra obispos y otros sacerdotes- han de continuar, planteó Herrera.
Además, cuando marchas progubernamentales pasan frente al templo capitalino, los manifestantes, invariablemente, profieren obscenidades contra los sacerdotes, indicó.
“Cada vez que pasan las marchas, nos ridiculizan, nos gritan ‘golpistas’, ‘terroristas’, de todo, un lenguaje que se utiliza más que todo para denigrar a la Iglesia”, frente a lo cual “nosotros rezamos por ellos (…) no podemos responderles con la misma moneda. Simplemente hacemos nuestro papel de profetas”, expresó.
La tensión entre el gobierno y la CEN se enmarca en la crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la protesta generalizada se centró en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, la dramática situación ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
