Para nadie es un secreto que la pobreza que desvela al pueblo guanacasteco contrasta con el mega-desarrollo de la industria hotelera y turística en toda la provincia. La falta de empleos dignos es una de las tantas problemáticas de la región, que dificultan la obtención de un terreno, de un techo propio, además de la especulación que ha disparado el precio de los suelos. Estas son algunas de las razones por las que la gente opta por la ocupación de terrenos abandonados para el desarrollo y la subsistencia alimentaria de sus familias.
El 13 de septiembre la comunidad de Guadalupe de Curubandé,Liberia fue notificada con una orden de desalojo para hoy mismo. Esta es una situación de emergencia ya que se trata de alrededor de 80 familias que le han dado un uso de subsistencia (vivienda, cultivo) a la tierra. El terreno en cuestión colinda con propiedades de la familia Arias Sánchez
Actualmente la comunidad de Guadalupe de Curubandé enfrenta un proceso de desalojo debido a que el supuesto dueño de la finca, luego de tanto tiempo de no ocuparse del terreno, acusa de usurpación a la población e inicia un proceso para tratar de sacar a las 80 familias que se ubicaron en la propiedad.
Acusando a 3 dirigentes de la comunidad, Gustavo Adolfo Baltodano Estrada y sus socios han comenzado a mover los hilos para que la regional de la Guardia Civil, tribunales, Fiscalía, INDER (antiguo IDA), municipalidad, etc. desalojen a las familias del terreno. Con un recurso penal de “usurpación” y basándose en el argumento de que la ocupación estaba apenas en proceso, el supuesto dueño logra una orden de desalojo, amparada en ella la policía procedió a sacar a las personas y a desmantelar las viviendas. Luego de esto las personas volvieron a ocupar los terrenos y aún se mantiene en lucha por la defensa de su derecho a la tierra.
Esta finca tiene una extensión de 800 hectáreas y colinda con las grandes plantaciones de caña de azúcar propiedad de la familia Arias Sánchez. Extrañamente de las 800 hectáreas solamente existen datos en el Registro Civil de 69 hectáreas inscritas, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿Cómo es posible? Sospechamos que esto se trata de un caso más de evasión de impuestos, pero lo que no se explica es que los tribunales, acogiendo este caso, ignoren esta situación donde el demandante incurre en esquimoteo de impuestos y demasía de terrenos. Sin embargo las autoridades de este país continúan favoreciendo a los grandes terratenientes por encima de su obligación fundamental, que es atender al pueblo, iniciando acciones contra una comunidad campesina, que sí trabaja la tierra y que ya tiene derechos sobre esos terrenos, pues ya lleva más de un año ocupándolos.
Otro caso no menos importante es el vivido en la comunidad de Pijije de Bagaces, esta comunidad es fruto de una ocupación de tierras que se dio hace ya 15 años y que en este momento cuenta con 400 familias viviendo en la propiedad. Increíblemente luego de tanto tiempo y sin importar el hecho de que las familias están bien establecidas con su esfuerzo e inversión, el juzgado notifica una orden de desocupación para estas tierras. Este proceso fue iniciado por el difunto capataz de la finca, quien luego de que el patrón abandonara las tierras pretendía hacerse con el titulo de este terreno. El caso llega a estas alturas por cuenta de los hijos del capataz que, gracias a la mortual, se hacen con el derecho de reclamar estas tierras.
Por esto y más es que debemos dar apoyo a estas comunidades que únicamente defienden su derecho a la tierra, utilizando terrenos que no están cumpliendo con su objetivo social que en primera instancia es brindar habitación y producir bienes.
Denunciemos todo este tipo de situaciones que no son casos aislados y que, al igual que en Guanacaste, se viven en diversas partes de Costa Rica; pero sobre todo, demos nuestro apoyo y busquemos la vinculación, para fortalecer sus luchas, de todas estas comunidades campesinas de escasos recursos, que sólo buscan mejorar sus condiciones de vida.
