Elvis Martínez. La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Seguridad Pública iniciar una investigación por la acción policial contra manifestantes en Chomes, Puntarenas. Según los manifestantes la actuación de los policías fue represiva, ya que se trataba de una protesta pacífica.
La petición de la Defensoría se da luego de una denuncia interpuesta por Stella Chinchilla Mora, comunicadora independiente de cámaracallejera.com quien documentó toda la intervención policial.
“como parte de la manifestación, se realizó un bloqueo de carretera, ante lo cual la Fuerza Pública intervino en un inicio negociando con los manifestantes la apertura de uno de los carriles de la carretera, no obstante, a pesar de que los manifestantes cedieron a abrir uno de los carriles, el jefe de la Fuerza Pública dio la orden de que la policía anti motines interviniera, lanzando gases lacrimógenos contra los participantes aún dentro de las instalaciones de la Gasolinera, incluso en uno de los baños donde se refugió uno de los manifestantes, le lanzaron el gas, actuando con evidente abuso policial”, relató la Defensoría en el documento dirigido al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
En el reporte la Defensoría señala que “los manifestantes sufrieron agresiones físicas por parte de los oficiales de la Policía y que irrumpieron en un restaurante, ubicado en la misma gasolinera, a pesar de la negativa de la dueña del lugar, atacando a otros manifestantes dentro de los cuales se encontraba un adulto mayor de 75 años llamado Ignacio Velásquez quien fue agredido físicamente por la policía”.
Luis Gerardo Fallas,defensor adjunto de los Habitantes, indicó que la Defensoría busca que sea el mismo Ministerio Público haga la investigación preliminar y llegue a últimas consecuencias porque,a criterio de la Institución, fueron actos que excedieron la “proporcionalidad de la fuerza”.
Dada la gravedad de los hechos , la Defensoría aportó como prueba los videos publicados por Stella Chinchilla y reiteró que la institución “puede aportar prueba fotográfica de las actuaciones policiales cuestionadas”.
La Defensoría de los Habitantes dio cinco días al Ministerio de Seguridad Pública para que explique :
– Coordinaciones realizadas con las autoridades gubernamentales contra quienes iba dirigida la protesta, para que se apersonaran a aclarar o negociar el cese de las manifestaciones.
– Coordinaciones realizadas con las autoridades de salud para brindar atención médica a las personas detenidas que así lo requirieran.
– Explicar técnicamente por qué se decidió utilizar gases lacrimógenos en la cercanía de una gasolinera, una institución educativa y establecimientos comerciales.
– Explicar legalmente por qué para levantar el bloqueo, se habría decidido perseguir a las personas manifestantes hasta detenerlas, con las consecuentes agresiones para ambas partes.
– Explicar por qué presuntamente se allanó un establecimiento comercial, sin ningún tipo de orden judicial ni autorización del propietario, o llamada al 911 solicitando auxilio.
– Explicar legalmente el motivo del levantamiento forzoso del bloqueo, pese a que supuestamente se había negociado la apertura de una vía, como así lo ha aceptado la Sala Constitucional.
– Explicar legalmente el motivo por el cual las autoridades gubernamentales optaron por utilizar la Policía como fuerza de choque para disuadir la protesta contra las actuaciones gubernamentales.
2. Copia de los partes policiales confeccionados a las personas detenidas.
3. Copia de los folios del Libro de Guardia de la Delegación de Chacarita correspondiente al días 24 de febrero del 2014.
Los hechos
Los hechos ocurrieron el lunes 24 de febrero en la entrada a Chomes frente a la Gasolinera San Gerardo, en la Interamericana Norte. Allí pobladores protestaban por la decisión del Gobierno de sacar de la Agenda Legislativa la aprobación del proyecto de Ley de Territorio Costeros Comunitarios, conocido como Ley TECOCOS, eso pese a que existía un acuerdo entre fracciones legislativas -excepto el Movimiento Libertario- de pasar tres leyes en este período, entre éstas la Ley TECOCOS. Sin embargo, por acuerdo del Poder Ejecutivo, se dispuso aprobar las otras dos y se dejó por fuera la Ley TECOCOS.
Con ese proyecto de ley creado por las comunidades, los pobladores buscan impedir que 60 mil familias, aproximadamente unas 350 mil personas, sean desalojadas de sus casas y medios de trabajo, principalmente la pesca artesanal y el turismo rural comunitario.
De no aprobarse la ley, estancada en la Asamblea Legislativa, los pobladores de las zonas costeras no solo tienen que abandonar sus hogares, sino que ellos mismo deben de pagar la maquinaria que va a destruir sus casas.
