Allan Madriz| EP. La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación por algunos puntos que incluye el texto sustitutivo del proyecto, “Reforma de los artículos 33, 78, 80, 91, 164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería”.
Por medio del oficio DH-PE174-2019 la Defensoría realizó una serie de observaciones a los diputados y diputadas que integran la Comisión de Gobierno y Administración, en relación al expediente 20.429.
La Defensoría había cuestionado desde noviembre del 2018 por una modificación al monto de multa a las personas migrantes por cada mes de estadía irregular aplicable a quienes se les haya vencido la visa, cédula o permiso laboral.
En el oficio enviado a los diputados el 11 de marzo del 2019, la Defensoría señala falta de criterios técnicos y objetivos empleados para fijar esta multa.
“Según información brindadas por organizaciones de la sociedad civil en la Comisión de Gobierno y Administración se ha planteado, la posibilidad de que la multa en cuestión ascienda a los $200. Preocupa a la Defensoría, que no existe un mecanismo que permita definir con base en criterios técnicos y objetivos, cuál es el monto de la multa y de los costos de documentación que debería imponerse por permanencia irregular en el país”, señala la Defensoría.
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De igual manera, la institución cuestionó la retroactividad del cobro de la multa y falta de exclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad.
“Se considera necesario señalar que la retroactividad del cobro que se pretende implementar violenta lo establecido por el artículo 34 de la Constitución Política que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”, agrega la Defensoría.
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La institución recordó que debido a los conflictos sociales políticos que han surgido a la región durante los últimos años, muchas personas se han obligado a migrar a Costa Rica, por lo que aplicar esta multa podría castigar las razones por las que estas personas dejaron sus países.
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Diputados piden aplicación de la Ley de Migración
El proyecto de “Reforma de los artículos 33, 78, 80, 91, 164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería”, fue analizado por los diputados y diputadas que integran la Comisión de Gobierno y Administración, quienes aprobaron un dictamen afirmativo de mayoría.
Consultado por el ElPeriodicocr, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales, señaló que la Ley es una iniciativa necesaria para el país.
“Recordemos que desde el 2009 se había aprobado el tema de la multa para las personas que se encuentran en estado irregular en el país por periodos después del permitido”, indicó Viales.
El liberacionista recordó que la razón por la que no se ha aplicado la multa es por los distintos decretos de gobiernos anteriores, provocando un incumplimiento de la Ley. De igual manera señaló que la medida de la multa aplica solo para turistas, no para personas que ingresaron en condición irregular.
“Estamos incluyendo la multa para no residentes, es decir, turistas. Cuando una persona ingresa en condición de turista al país y se queda después del periodo permitido debe pagar una multa al Estado costarricense”, añadió el diputado del PLN.
Viales indicó que están esperando que finalice el plazo del último decreto (abril 2019), a la espera del cumplimiento de la legislación del 2009; sino presentarán una acción de incumplimiento de la Ley.
Por su parte, la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) e integrante de la comisión, Aracelly Segura, señaló que respetaron los criterios de Migración y Extranjería.
“Aquí se acató lo que Migración dijo, el monto de entre $100 y $200, se respetó el monto que ellos recomendaron, eso es lo que la parte técnica por lo menos a mí me informó, se estaba respetando el monto que Migración recomendó”, indicó Segura.
La socialcristiana indicó que es imposible que la multa sea cobrada de manera retroactiva, ya que eso va en contra del artículo 34 de la Constitución Política.
Segura señaló que si fueron tomadas en cuenta las consideraciones de la Defensoría y aseguró haber recibido a organizaciones no gubernamentales y personas extranjeras para discutir sobre este tema.
“Yo soy una defensora de los derechos humanos y lo que se está haciendo es dándole un marco legal a Migración y Extranjería para que puedan aplicar una Ley que tenía un vacío desde 2009”, añadió Segura.
Otra de las diputadas integrantes de la comisión, es la oficialista, Nielsen Pérez, quien indicó que la multa propuesta por la Ley de Migración ($100 mensuales) está dirigida a personas que ingresan al país con un estatus migratorio regular, pero no lo renuevan.
“Aquí estamos hablando no de personas que entran de formas irregulares, esa es otra figura, aquí estamos hablando de personas que entraron de forma regular y que tienen una condición migratoria para ingresar al país y que no la renovaron, la dejaron vencer y se quedan en el país”, explicó Pérez.
La legisladora señaló que deseaba que la Ley empezará a regir a partir de este momento (2019), y no desde el 2010 como se estipula.
“El documento así como está pretende cobrar desde el 2010, es que eso es irracional, no tanto porque legalmente no se pueda, sino porque son montos que nadie va a pagar o la gente no tiene ese dinero”, afirmó la diputada oficialista.
Pérez sostiene que todavía hay mejoras que se pueden implementar, pero la Ley viene a resolver varias cosas que Migración no había podido solucionar.
Los legisladores entrevistados coincidieron que esta medida es aplicada también en otros países, donde se cobra una multa a las personas que se les vence un plazo de estadía.
