Allan Madriz| EP. La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado a las autoridades competentes del Estado para darle un seguimiento al impacto social y ambiental que produce la actividad piñera en el país.
Si bien es cierto, la Defensoría reconoce la importancia de dicha actividad en la economía del país, también señala que su acelerado crecimiento en siembra y producción debe ser fiscalizado.
La institución ha atendido denuncias como la atención de la problemática generada por la aparición de la mosca del establo (Stomoxys calcitrans), contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, afectación de suelos y condiciones laborales.
La institución reconoce la iniciativa del Gobierno, que en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde creó un proceso de diálogo multisectorial e interinstitucional denominado “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica”.
Este programa resulta en el “Plan de Acción para el Fortalecimiento de la Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica” y la “Iniciativa Nacional para la Sostenibilidad Piñera”.
Además se crea un Comité Nacional de Seguimiento, en donde la Defensoría ha solicitado ingresar como ente observador, para llevar denuncias y exigir rendición de cuentas a las instituciones públicas en este campo.
Recientemente el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, hizo una solicitud formal al Presidente Luis Guillermo Solís para establecer una moratoria al sector piñero del país, debido a las denuncias presentadas por contaminación de nacientes de agua en Pital y San Pedro en San Carlos.
Además un grupo de personas de comunidades afectadas, organizaciones ecologistas, representantes sindicales y legisladores y legisladoras participaron en un encuentro para definir estrategias conjuntas y construir soluciones frente a las problemáticas socioambientales y laborales asociadas a la expansión piñera en el país.
Según la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña en Costa Rica, durante los últimos años la siembra de esta fruta pasó de 3.400 hectáreas sembradas en 1986 a 42.000 hectáreas sembradas en el 2014, convirtiéndose en una de las principales actividades económicas del país
