Allan Madriz | EP. La Defensoría de los Habitantes comunicó este lunes que el Estado debe garantizar la consulta de los pueblos indígenas en relación a la construcción del Proyecto Hidroeléctrico “El Diquís” que construye el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Según la Defensoría por más de 20 años, cuando inicialmente era conocido como el Proyecto Hidroeléctrico Boruca, se han realizado trabajo en territorios indígenas sin realizar ningún tipo de consulta.
“No obstante, debido a la magnitud del proyecto, los estudios previos han conllevado algunas obras de gran impacto como por ejemplo, la construcción de un túnel dentro del territorio indígena Térraba y estas acciones se desarrollaron sin la debida consulta, la cual de acuerdo con la normativa, debe garantizarse desde las etapas previas, es decir, desde que se identifica que la medida podría generar impactos en uno o varios territorios indígenas”, señala la Defensoría.
Las autoridades de la Defensoría sostienen que el país acogió en el año de 1997 dentro de su marco normativo, el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales el cual reconoce el derecho que tienen los pueblos a ser consultados por el Estado, cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles directamente.
Así como en el 2007 se suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que ratifica el derecho a la consulta y otros derechos contenidos en el Convenio N° 169.
Para el Proyecto Diquís, los estudios técnicos comenzaron sin previa información y consulta de los pueblos indígenas, violando así la legislación costarricense y el Convenio 169 de la OIT (firmado por Costa Rica desde 1993).
Por estos motivos la Defensoría le recomienda al Presidente de la República definir una instancia estatal encargada de organizar los procesos de consulta que requieran
realizarse en los territorios indígenas.
Asimismo considera necesario iniciar el proceso de consulta a los diferentes territorios indígenas para elaborar una guía de consulta en donde se establezcan los parámetros, las condiciones y procedimientos apropiados que deben atenderse cuando les sean consultados medidas legislativas o administrativas que afecten sus derechos.
Posición del Gobierno
El Gobierno emitió un comunicado el viernes anterior en el que indicaba que autoridades del ICE iniciaron una serie de diálogos con las comunidades indígenas que puedan tener algún impacto del Proyecto Hidroeléctrico Diquís.
“Tengan la seguridad que este Administración es respetuosa. Promueve el diálogo. Busca conversar con todos. Cuando se haga la consulta, ustedes, los pueblos indígenas, son los que van a elegir quienes son los representantes”, manifestó Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE.
El Gobierno sentenció que actualmente está en el proceso de elaborar un protocolo de consulta en el que deberá hacer partícipes a los territorios indígenas indígenas afectados por la construcción de la obra.