Aarón Chinchilla EP. | Luego que una serie de diputados de corte conservador impulsaran un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio entre personas de mismo sexo, la Defensoría de los Habitantes señaló que la iniciativa es lesiva y además, se debe acatar lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entendiendo que el matrimonio debe ser una realidad y no una opción”.
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Mediante un comunicado de prensa, el órgano defensor consideró que la propuesta impulsada por las bancadas del PUSC-fabricistas es “contraria, lesiva y alejada de los criterios emitidos ampliamente tanto por la CIDH en la opinión consultiva OC-24/7 como la sentencia emitida por la Sala Constitucional y de pronunciamientos institucionales.
Quiero expresarle públicamente a los señores y señoras diputadas que ya existe un base sólida de protección internacional de derechos humanos, donde todas las personas son iguales ante la ley, y eso significa, que tienen derecho, sin discriminación a una igual protección. No cabe ninguna interpretación que la igualdad es un derecho inseparable de la dignidad de la persona como lo estableció el Alto Tribunal de Derechos Humanos. El matrimonio igualitario no es una opción, es una realidad”, mencionó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
En la misma línea, señalaron que el derecho al matrimonio debe ser garantizado por parte del Estado Costarricense a la personas del mismo sexo, porque no es válido un trato diferenciado con respecto a las personas constituidas por parejas heterosexuales.
“Seguir dilatando mediante creación de figuras que más bien van en contra de las decisiones adoptadas por órganos competentes internacionales en materia de Derechos Humanos y de decisiones claras de órganos internos, significa privar sin justificación alguna de derechos a un grupo de personas que habitan en nuestro territorio y lesionar su dignidad”, citó.
Finalmente, la Defensoría recordó a los legisladores que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual, como muy bien ha sido señalado por la Corte IDH.
A principios de esta semana, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del bloque fabricista autodenominado Nueva República impulsaron un proyecto que únicamente avalaría la figura de unión civil entre parejas del mismo sexo, contrariando lo ordenado por la Corte de IDH que exigía la normativa de matrimonio homosexual en el sistema jurídico costarricense
