George Rodríguez EP. El éxodo generado por la violenta crisis sociopolítica que hace más de un año golpea a Nicaragua, no solamente se mantiene sino que va en aumento, advirtió el secretario ejecutivo de la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva.
Ello, debido a las persistentes violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la represión policial y paramilitar antiopositora, indicó Leiva, en dialogo con el Periodicocr.
“El éxodo de la migración nicaragüense, producto de la crisis, es permanente y ascendente”, indicó el activista de derechos humanos, en alusión al flujo migratorio, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica, donde, según estimaciones de organismos internacionales, unos 70 mil nicaragüenses se han exiliado durante los algo más de 16 meses desde que estalló la crisis en su país de origen.
La explosión migratoria obedece a que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, no se muestra dispuesto a mejorar la situación de los derechos humanos en el país centroamericano.
“Hasta el día de hoy, en Nicaragua, la represalia, la ejecución, el asedio, y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, es (…) de manera constante y permanente, en el sentido de que no hace pensar en la posibilidad de que se ha retornado a una normalidad o de que se piense en la posibilidad de que el régimen haya tomado la posibilidad de tener una voluntad política de mejorar esa radiografía de violaciones de derechos humanos hacia los nicaragüenses”, explicó.
Al referirse a la dramática situación nacional que ha obligado a decenas de miles de nicaragüenses a procurar protección en otros países, Leiva señaló que, a causa de ese contexto, salió, en julio del año pasado, inicialmente rumbo a la también fronteriza Honduras, desde donde se trasladó a Costa Rica, en cuya capital –San José- instaló la representación local de la Anpdh.
Respecto a las tareas que la asociación desempeña, en ambos países, el defensor de los derechos humanos indicó que se trata de un esfuerzo en dos etapas.
“Primero (…) darle seguimiento a las denuncias que recibimos en la etapa de la crisis de violaciones, que fue de abril hasta el 31 de julio del año 2018, y, la segunda, es seguir documentando, a través del testimonio de víctimas que han emigrado y que han llegado a Costa Rica, y que no tuvieron tiempo para hacerlo en el momento de la crisis”, explicó.
Esto, con miras a contar con elementos suficientes para enjuiciar a los responsables de las violaciones a las garantías de los nicaragüenses, precisó.
“Nosotros estamos receptando, permanentemente, denuncias de violaciones de derechos humanos, y documentándolas, para que, cuando llegue el momento de ejercer las acciones en temas de justicia universal, tengamos los instrumentos y las condiciones necesarias para empezar un proceso de investigación y castigo para aquellos que han cometido delitos en contra de los derechosa humanos”, señaló.
En tal contexto, la Anpdh proyecta mantener el apoyo –desde médico hasta legal, pasado por habitacional- que proporciona a los nicaragüenses quienes acuden en procura de ayuda, por lo general personas de escasos recursos.
“Nosotros, vamos a seguir trabajando en el proceso de acompañamiento, hasta lograr la posibilidad de un alto índice de nicaragüenses en su aplicación de refugio”, indicó, en referencia específica al componente legal del trabajo de la asociación, en Costa Rica.
Se trata de “un componente muy extensivo que requiere de un acompañamiento permanente, de orientación hacia los nicaragüenses que entran al proceso de aplicación de la protección humanitaria, reflejada en los refugios”, precisó.
Estallada el 18 de abril de 2018, la violenta crisis sociopolítica ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado la forzada migración, principalmente hacia Costa Rica -donde decenas de miles de personas han solicitado, formalmente, refugio-.
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