George Rodríguez EP. La manifestación xenofóbica llevada a cabo este sábado en el centro de la capital de Costa Rica incluyó a personas quienes lucían la cruz swastika –símbolo de la ultraderechista ideología nazi- así como a integrantes de violentas barras de simpatizantes de equipos fútbol, informó por la noche, en conferencia de prensa, el ministro de Seguridad, Michael Soto.
La marcha, llevada a cabo principalmente en el Parque la Merced, un punto de reunión de ciudadanos de Nicaragua asentados en Costa Rica, fue convocada para expresar la oposición de un sector de costarricenses a la creciente presencia de nicaragüenses quienes huyen de la violencia sociopolítica que convulsiona, hace cuatro meses, a su país de origen.
La agresividad de los manifestantes –algunos portando armas punzocortantes lo mismo que cocteles molotov que serían lanzados contra agentes de la Fuerza Pública (policía)- generó incidentes que determinaron la intervención policial así como la detención de 44 personas -38 costarricenses, seis nicaragüenses, y seis menores-, indicó el ministro.
Al describir a los participantes en la manifestación, Soto dijo que “algunas de estas personas, incluso, tienen antecedentes criminales, por diversos delitos”, y que “incluso (…) algunos de estos individuos pertenecen a algunos grupos que se dedican a actividades criminales o con algunas ideologías que no son propias de la idiosincrasia costarricense, por ejemplo, sujetos con swastikas en sus ropas, en sus cuerpos, situación que no pretense a la idiosincrasia costarricense, y que nos preocupa”.
También se incorporaron a la marcha integrantes de barras de fanáticos de fútbol caracterizadas por la violencia que generan luego de algunos partidos.
Se trató de “componentes de barras de diversos clubes de fútbol del país que también nos estaban generando este tipo de actividades. Repito: algunos de los detenidos, con antecedentes criminales”, dijo el ministro.
Ante el riesgo de que incidentes como los de este sábado se repitan, las autoridades determinaron la prohibición de acceso al Parque la Merced, por tiempo indefinido, y la realización de las operaciones policiales necesarias para evitar situaciones de violencia, indicó.
“Como medida, y para tratar de evitar que las situaciones de violencia sigan, y que cesen ya del todo, hemos tomado algún tipo de acciones operativas. Por ejemplo, vamos a cerrar, indefinidamente –mientras hacemos valoraciones-, el Parque la Merced, que va a estar custodiado por la policía”, informó.
Soto advirtió, asimismo, que el gobierno está dispuesto a que las leyes del país sean respetadas, sin perjuicio de quien las violente.
“Queremos ser enfáticos en decir que no importa de la persona que se trate, estamos en un Estado de Derecho, que hay que respetar las leyes, y que vamos a evitar que se den brotes de violencia”, señaló el jerarca gubernamental, y subrayó: “no importa de quien se trate la persona”.
Al participar en la conferencia de prensa, el ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, señaló que “la violencia, claramente, no cabe, en nuestro país, y, sí, el respeto a nuestra legislación y a las leyes y al Estado de Derecho”.
Mendoza, quien informó que la situación fue abordada durante una reunión ministerial convocada por el presidente costarricense, Carlos Alvarado, anunció que el mandatario se referirá al tema, en un mensaje a ser difundido el domingo, en cadena nacional de radio y televisión.
Los incidentes ocurrieron en el marco de la masiva llegada de ciudadanos nicaragüenses en procura de refugio en Costa Rica, a causa de la violenta crisis sociopolítica que golpea hace cuatro meses a la vecina Nicaragua.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a raíz de la protesta popular contra un fracasado decreto presidencial que apuntó a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Si bien el decreto fue dejado sin efecto, la masiva protesta se enfoca en la exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta gubernamental ha consistido en fuerte represión, lo que ha generado choques entre fuerzas gubernamentales –incluidos grupos parapoliciales- y manifestantes opositores, con saldo, hasta ahora, de aproximadamente 500 víctimas fatales, más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de daño considerable a la economía nacional.
