CTP se llena de hormigas: Rodrigo Chaves ordena investigar a directivos cercanos a su campaña y del PLP

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El Poder Ejecutivo ordenó la apertura de una investigación contra los directivos Esteban Ramírez Bioley, representante de los autobuseros; Érick Ulate Quesada representante de los usuarios (candidato del PLP a defensor); Gilbert Ureña Fonseca, de los taxistas; y Yaslyn Morales, del sector municipalista. 

La investigación tiene el expediente PR-SCG-IP-001-2023 y cita supuestas acciones irregulares realizadas por los actuales miembros de la Junta Directiva del CTP.

El directivo Esteban José Ramírez Bioley, vecino del presidente Chaves, comprador de sus bonos de campaña y representante legal y propietario de empresas del grupo CESMAG, estaría arrastrando morosidad en sus procesos, según el acta del Consejo de Gobierno. 

Ramírez Bioley, dijo a Diario Extra que en su empresa “todo 100% al día, le paso comprobante. Esto es otro ataque dirigido hacia mi persona, a alguien no le parece nuestra honradez y gestión”. 

Sin embargo, Ureña y Ulate, dieron declaraciones en el sentido de que aún deben analizar la denuncia y la investigación.

La situación del CTP es crítica, pues sus decisiones llegan tarde, no han logrado implementar el sistema de cobro electrónico de autobuses y a criterio del propio ministro Luis Amador, existen intrincados nudos de relaciones que deben investigarse a nivel de mandos medios de la entidad.

El solo hecho de permitir que empresas autobuseras operen sin seguros de ley ya afecta a la institución, que en octubre del año pasado evitó sancionar a la autobusera Empresa Alfaro luego que tras el derrumbe en Cambronero, dejó a más de una veintena de heridos sin cobertura del INS.

Y aún peor que la situación de los heridos, es la de las familias de los nueve fallecidos en el siniestro, que quedaron sin cobertura de seguro porque la empresa no tenía esa unidad registrada en la ruta y operaba de forma ilegal.

Pese a esto, el director Ulate, candidato a defensor de los Habitantes impulsado por el Partido Liberal Progresista, evitó sanciones para la Empresa Alfaro, alegando que debía invcestigarse la situación de todas las empresas autobuseras antes de tomar una resolución.

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