George Rodríguez EP. Costa Rica suscribió, este viernes, la Declaración del Grupo de Lima que desconoce la legitimidad del nuevo período gubernamental del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el sexenio 2019-2025, programado para iniciarse el 10 de enero, informó la cancillería costarricense.
El país centroamericano se unió a la condena de lo que el bloque describe como la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho que, bajo el régimen de Maduro, registra Venezuela, indicó el ministerio, en un comunicado.
México fue el único de los catorce países integrantes del grupo que no suscribió la declaración, en seguimiento a sus principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos y no intervención, tal como expresó, en el encuentro, su vicecanciller para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes.
Durante la reunión de cancilleres llevada a cabo en Lima, la capital peruana, Costa Rica, representada por su canciller interina, Lorena Aguilar, precisó que el proceso electoral del año pasado “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para que sea considerado un proceso libre, justo y transparente. Aseveración que es respaldada por todos los miembros del Grupo”, señaló la cancillería.
También planteó la necesidad de restablecer la democracia, en esa caribeña nación sudamericana, para posibilitar la restauración de la democracia, indicó el ministerio, en el comunicado de dos páginas.
“Costa Rica (…) resaltó que solo por medio del restablecimiento de la democracia el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, se podrá atender las causas de la crisis que vive ese país”, y “se unió al llamado a la comunidad internacional para unir esfuerzos y presionar para que el orden constitucional sea restablecido en Venezuela”, ello, “consecuente con su compromiso en la promoción de la democracia, el Estado de Derecho”, informó.
En su condición de país promotor de la paz, que hace siete décadas abolió su ejército, Costa Rica -subrayó la necesidad de que se suspenda toda cooperación militar con Venezuela, lo que incluye la transferencia de armas, relató la cancillería.
“Ante el agravamiento de la situación en Venezuela, Costa Rica mantendrá su nivel de representación diplomática al mínimo, a cargo de un Encargado de Negocios a.í., con el objetivo primordial de continuar con su deber de protección de los casi mil costarricenses que residen en Venezuela”, aclaró.
Al mismo tiempo, en aras de que no se aísle a los diferentes sectores políticos y sociales venezolanos, mantendrá la interacción con los actores políticos no gubernamentales, y considera relevante que igual sea la actitud de los países interesados en aportar a la búsqueda de solución a la crisis que afecta a Venezuela, de acuerdo con la información oficial.
“Costa Rica no participará en la toma de posesión del nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro tal y como la mayoría de los países del Grupo de Lima”, precisó la cancillería.
La Declaración del Grupo de Lima establece, en el primero de sus 13 puntos contenidos en tres páginas, que, a causa de que “el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, los firmantes “no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019”.
De acuerdo con diversos cálculos, aproximadamente dos millones de venezolanos se han desplazado, vía terrestre, a países sudamericanos tales como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, a causa de la severa crisis de Venezuela.
Además de la represión antiopositora por parte del gobierno venezolano, quienes abandonan el país denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el bajísimo poder adquisitivo de los salarios, y la falta de oportunidades.
