La represión a las protestas en Nicaragua se ha hecho cada vez más violenta y ya se suman más de 500 muertos.
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George Rodríguez EP. Costa Rica reafirma su preocupación por la situación en materia de derechos humanos que se registra en Nicaragua, y apoya que se recurra al diálogo como instrumento para que se normalice la situación en ese país, indicó, la noche de este viernes, la cancillería costarricense.

“Costa Rica reiteró hoy su preocupación por el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y abogó por el respeto y el diálogo para lograr un retorno a la normalidad y la paz en el país vecino”, señaló el ministerio, en un breve comunicado.

La declaración se origina en la intensificación de la represión contra sectores específicos, incluidas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos en Nicaragua, aseguró.

“Costa Rica no puede permanecer en silencio ante el recrudecimiento del acoso, la represión y la persecución hacia personas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de derechos humanos, de periodistas y medios de comunicación”, expresó.

Está en juego la estabilidad de la región centroamericana, advirtió, además.

“La inestabilidad en un país de la región, es algo que nos afecta a todos y por ello, abogamos porque prevalezca un clima de respeto a las libertades y de plena vigencia de los derechos humanos”, precisó.

En ese sentido, expresó la esperanza de que la visita de la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central, Marlene Alejos, ayude a moderar la actitud represiva del régimen presidido por Daniel Ortega.

“Costa Rica se solidariza con las personas y organizaciones que sufren el acaso y abogó por que la próxima visita de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas contribuya a contener la presente ola de represión”, aseguró.

De acuerdo con versiones periodísticas nicaragüenses, la agenda de trabajo de Alejos incluye una reunión con el canciller de Nicaragua, Denis Moncada.

La cancillería costarricense emitió el comunicado de cuatro párrafos luego de que medios de comunicación nicaragüenses in formaron sobre los allanamientos policiales llevados a cabo, sin orden judicial, la madrugada de este viernes en las respectivas sedes de organizaciones no gubernamentales a las que la Asamblea Nacional –parlamento unicameral- de Nicaragua retiró, esta semana, la personería jurídica.

La violenta crisis sociopolítica que golpea a Nicaragua estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.

La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.

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