George Rodríguez EP. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado este lunes en una conferencia intergubernamental convocada por Naciones Unidas, constituye una respuesta integral a ese fenómeno, ya que se enfoca en desarrollo y derechos humanos, indicó la delegación de Costa Rica que participa en la reunión.
“En estos momentos, en que la xenofobia ha vuelto a brotar en todas las regiones del mundo, el pacto global representa una respuesta holística al fenómeno migratorio con un enfoque de desarrollo y de derechos humanos”, indicó la representación, en una declaración emitida el primero de los dos días de duración de la conferencia.
La delegación señaló que ese país centroamericano participó activamente en la negociación del acuerdo mundial –iniciada hace algo más de dos años-.
“Como país de origen, tránsito, y destino de migrantes, no podemos abstraernos de este proceso. La delegación nacional hará uso de la palabra el día de mañana, y reafirmaremos el compromiso con el multilateralismo, y nuestra determinación de que solo mediante el diálogo y la cooperación entre todos los actores podemos enfrentar un fenómeno tan complejo”, indicó.
En el marco de sus tradicionales principios en materia de política exterior, Costa Rica seguirá comprometida con el derecho internacional y el multilateralismo, señaló la delegación integrada por la directora general de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert, y el jefe de Política Multilateral de la cancillería, embajador Norman Lizano Ortiz.
El país “mantendrá su compromiso con el derecho internacional y las organizaciones multilaterales, y nuestra participación activa en el proceso histórico del desarrollo y evolución del tema migratorio en la agenda internacional, tanto en el plano global como en el ámbito regional y nacional”, aseguró la representación.
También subrayó que uno de los principios costarricenses en esta materia consiste en considerar que los migrantes, sin perjuicio de su condición legal, tienen derechos, posición reafirmada al conmemorarse, este lunes, el septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Hoy, así lo reafirmamos, al cumplirse 70 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La migración no es un fenómeno que se da del Sur al Norte. Hoy, más que nunca, los movimientos de personas son intrarregionales. Tampoco es cierto que los países desarrollados no necesiten la migración. Los migrantes contribuyen al desarrollo de los países a los que llegan y enriquecen la diversidad cultural”, aseguró la delegación.
El nuevo pacto mundial prevé, entre sus 23 objetivos, “minimizar los motivos y factores estructurales adversos que impulsan a las personas a salir de su país de origen”, “mejorar la disponibilidad y flexibilidad de las rutas para la migración regular”, “atender y reducir las vulnerabilidades de la migración”, “salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados respecto a migrantes desaparecidos”, “prevenir, combatir y erradicar el tráfico de personas en el contexto de la migración internacional”.
El acuerdo –que no es vinculante y pasa a ratificación, el 19 de este mes, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas- fue adoptado al inicio de la Conferencia Intergubernamental que se desarrolla en la ciudad de Marrakesh, en Marruecos, en el noroeste africano.
La conferencia fue convocada, por Naciones Unidas, en el marco de la resolución 71/1, del 19 de setiembre de 2016 de la septuagésima segunda Sesión Ordinaria de su Asamblea General, texto que, titulado “Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes”, dio inicio al proceso de negociación intergubernamental que culminó en la adopción del pacto.
La declaración, que consiste en una serie de compromisos que apuntan a fortalecer la protección de esas poblaciones en movimiento, y toma su nombre de la nororiental ciudad estadounidense donde se ubica la sede de Naciones Unidas, establece, en su Anexo 1, el Marco de Respuesta Integral para los Refugiados (Comprehensive Refugee Response Framework, CRRF).
El CRRF, a su vez, prevé acciones puntuales que apuntan, entre otros objetivos, a consolidar medidas de recepción y admisión de solicitantes de refugio que sean rápidas y sólidamente fundamentadas, lo mismo que la cobertura de necesidades que presentan esos contingentes humanos –tales como protección y salud, entre otras-, además de acciones de apoyo institucional y comunitario a los países receptores.
En el marco del proceso de negociación del impacto, un componente del aporte costarricense al debate fue, en 2017, el Marco de Protección y Soluciones de Respuesta a la Situación de Personas Refugiadas en Costa Rica (Minare).
En la Presentación del documento que contiene el Minare, la vicepresidenta costarricense (2014-2018), Ana Helena Chacón, escribió que “desde 1951, Costa Rica ha comprendido la dimensión humana que implica salir de un país, debido a persecuciones por razones de etnia, opinión política, por ser sobreviviente de violencia basada en género, pertenecer a un grupo social o por nuestra religión”.
“Desde entonces entendimos que ciudadanos del mundo podrían necesitar de nuestra acogida y refugio; y por ello, hemos sido baluartes en la defensa de las personas refugiadas que buscan venir a nuestro país con el propósito de rehacer sus vidas, con dignidad e integridad”, agregó, al inicio del texto de siete capítulos y dos anexos contenidos en 65 páginas.
El Minare fue elaborado “con la convicción de no dejar a nadie atrás y con la visión de que Costa Rica siga siendo ejemplo para el mundo, con una adecuada protección de las personas refugiadas y su pronta integración en nuestra sociedad”, aseguró Chacón, una ex viceministra de Seguridad y ex legisladora, actualmente embajadora en España.
De acuerdo con estimaciones de Naciones Unidas, el número de migrantes, a nivel mundial, es aproximadamente 258 millones de personas.
