George Rodríguez EP. Costa Rica exhortó este lunes a que la violenta crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua sea abordada durante la presente reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).
Ello es imprescindible, subrayó la primera vicepresidenta y canciller costarricense, Epsy Campbell, al formular el llamado, en el marco del encuentro que se desarrolla en Bruselas, la capital de Bélgica y principal sede administrativa de la UE, informó, en un comunicado, la cancillería de Costa Rica.
Durante el primer día de trabajos de la reunión, la jerarca costarricense planteó la necesidad de que, como mecanismo de diálogo político y reflexión, el foro “aborde, de manera imprescindible”, la situación de caos y represión imperante en Nicaragua.
La funcionaria señaló que el llamado se basa sobre la tradición democrática y de defensa de derechos humanos que caracteriza a Costa Rica, trayectoria nacional que también promueve la paz a nivel mundial.
“Costa Rica cree firmemente en la fuerza de las ideas, de los valores, de la cultura”, expresó Campbell, quien explicó que se trata de “valores como la democracia, la protección y promoción de los derechos humanos, el desarme y la construcción de una cultura de paz universal”.
La apertura al escrutinio internacional está implícita en el multilateralismo, con el cual este país centroamericano está comprometido, dijo la canciller y vicepresidenta.
“Aquellos países que defendemos los derechos humanos y la democracia debemos alzar la voz ante situaciones que atentan contra las normas básicas de la convivencia. La crisis interna que vive Nicaragua, la represión y violencia cometida contra el pueblo, es motivo de dolor”, manifestó.
El encuentro ministerial, de dos jornadas, es presidido por el canciller interino de El Salvador, Carlos Castañeda, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.
Los participantes tienen previsto suscribir el martes, al cierre de la reunión, una declaración en la que, además del fortalecimiento de la relación entre ambos bloques regionales, se incluya, entre otros temas, la situación nicaragüense.
La reunión tuvo inicio un día después de que, citada en un comunicado, Mogherini, planteó que el gobierno de Nicaragua debe garantizar la seguridad de la población además de respetar los derechos humanos.
La funcionaria europea describió como deplorable el ataque lanzado el fin de semana, por efectivos policiales y fuerzas parapoliciales, contra un centenar de estudiantes universitarios refugiados en la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en Managua, la capital del país, y aseguró que la violencia sociopolítica que golpea a la población debe cesar de inmediato.
Mogherini aludió así al ataque sostenido durante unas 18 horas –desde la tarde del viernes hasta la mañana del sábado- contra las instalaciones de la UNAN, con saldo de dos víctimas fatales y numerosos heridos.
“Los actos de violencia contra estudiantes y civiles en Nicaragua, así como el retraso en la asistencia médica urgente para los heridos son deplorables”, afirmó, para agregar que la UE espera que las autoridades nicaragüenses “garanticen la seguridad de la población y el respeto por los derechos fundamentales”, advertir que “toda violencia debe parar ahora”, y precisar que “reiteramos nuestro llamamiento a una solución pacífica y democrática para la situación en el país en el marco del diálogo nacional”.
Promovido por el gobierno del presidente Daniel Ortega, con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como testigo y mediadora, e instalado el 16 de mayo en Managua, el diálogo, que apunta a lograr una solución negociada a la violenta crisis, ha estado interrumpido, la mayor parte del tiempo, a causa de la intransigencia de gobierno y oposición.
El ataque a la UNAN, lo mismo que agresiones contra obispos y otros sacerdotes católicos –incluido un atentado a balazos, el domingo, contra el obispo de Estelí, Abelardo Mata, quien resultó ileso- se enmarcan en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la protesta generalizada se centró en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se rehúsa a atender-.
