George Rodríguez EP. El gobierno de Costa Rica expresó la noche de este miércoles que deplora la ofensiva contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus dos grupos de trabajo en Nicaragua –el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei)-.
“Costa Rica deplora la actual escalada represiva en Nicaragua y los ataques” contra las tres entidades, específicamente la decisión de suspender la presencia del Meseni en Nicaragua y las visitas de la CIDH a ese país, además de la expiración del plazo, objetivo y misión del Giei, señaló la cancillería costarricense, en un comunicado.
“Esta decisión, que representa en la práctica una expulsión de estas misiones regionales, resulta arbitraria”, ante lo cual “el Gobierno de Costa Rica reitera su total respaldo a la labor de la CIDH y su decisión de mantener al MESENI en funcionamiento desde Washington”, donde se ubica la sede de la comisión, indicó el ministerio.
Es necesario que cese la represión por parte del gobierno, el cual tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, señaló.
“Costa Rica hace un nuevo llamado para el cese inmediato de la represión gubernamental y exhorta al Gobierno de Nicaragua a dar muestras fehacientes de respeto a los acuerdos alcanzados con los mecanismos antes mencionados, así como su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas en ese país”, planteó.
En ese sentido, la comunidad internacional debe actuar, y, entre otros objetivos, procurar el reinicio del interrumpido diálogo para dar solución a la violenta crisis sociopolítica que golpea hace ocho meses a ese país centroamericano.
“Al mismo tiempo, Costa Rica, como país de paz, hace un llamamiento a la comunidad internacional para sumar esfuerzos bilaterales y multilaterales tendentes a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua y la reapertura del diálogo para restablecer la paz y el entendimiento en ese país”, agregó la cancillería.
Se trata del Diálogo Nacional convocado por el gobierno con miras a lograr solución negociada a la crisis nicaragüense, conversaciones en las cuales cinco de los 10 obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) participaron en calidad de Comisión de Mediación y Testigo.
Las conversaciones fueron instaladas a mediados de mayo, pero las irreconciliables posiciones de ambas partes –gobierno y oposición- determinaron, semanas después –y luego de varias interrupciones-, la suspensión de las deliberaciones, situación que persiste.
La participación de los obispos, en el diálogo, ha sido objeto de fuertes acusaciones por parte del régimen nicaragüense, presidido por Daniel Ortega.
El mandatario, quien sostiene que la actual crisis nacional obedece a la acción de sectores golpistas que procuran derrocarlo, afirmó, en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, que el episcopado participó en esa conspiración.
Constituido en junio, el Meseni tiene, entre otros cometidos, el de monitorear, en el terreno, el estado de las garantías fundamentales en el país.
Por su parte, el Giei, creado mediante acuerdo entre la OEA y el régimen de Ortega, documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la entidad continental, en Washington, está encargado de promover la investigación de los hechos de violencia registrados en el marco de la dramática situación nicaragüense.
La decisión gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
