George Rodríguez EP. La recurrente acusación de Nicaragua respecto a que bandas de delincuentes asentadas en territorio costarricense actúan en territorio nicaragüense es un tema agotado, planteó, este viernes, la cancillería de Costa Rica.
Ello, en respuesta a la tercera nota que, al respecto, la cancillería de Nicaragua envió a su contraparte de Costa Rica, indicó el ministerio, en un breve comunicado que tituló “Costa Rica reitera rechazo a intento de Managua por crear artificiales controversias”.
“En respuesta a una tercera nota diplomática remitida el 24 de enero por Nicaragua, Costa Rica reiteró hoy su advertencia de que Managua intenta crear artificiales controversias, y reafirmó lo expresado en dos anteriores notas, con lo cual, considera que el tema está agotado”, de acuerdo con lo indicado en el texto de cuatro párrafos.
El ministerio reiteró que el gobierno costarricense ha refutado, en cada caso, las aseveraciones de su similar nicaragüense.
“En dichas notas, remitidas en los últimos días, Costa Rica ha refutado las afirmaciones de Nicaragua sobre las actividades de bandas delincuenciales que supuestamente operarían desde Costa Rica”, precisó.
El gobierno costarricense hizo, asimismo, nueva referencia a la repetida solicitud nicaragüense de constituir algún mecanismo bilateral para combatir a las bandas delictivas, señaló.
“Una vez más, también Costa Rica recordó a Managua que desde el 6 de mayo de 2011, ambos países acordaron un ‘Mecanismo de acciones policiales y de seguridad coordinadas Costa Rica-Nicaragua (aire-mar-tierra)’, el cual Nicaragua puede utilizar para promover coordinación bilateral en casos de delincuencia que opere en la zona fronteriza”, informó, asimismo.
La parte costarricense también reiteró la advertencia, a la parte nicaragüense, respecto a manipular informaciones, con el propósito de crear un conflicto entre ambos países centroamericanos, controversia que no existe pero que serviría, al gobierno nicaragüense, para desviar la atención centrada en la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de nueve meses afecta a Nicaragua, precisó la cancillería.
“Además de rechazar las notas de protesta, Costa Rica advirtió que Nicaragua buscaba crear artificiales problemas o controversias, como un medio para desviar la atención ante la grave crisis política y social que el país afronta desde abril del año pasado”, agregó.
En las tres notas de protesta que, en menos de una semana, dirigió, sobre el tema, a su similar de Costa Rica, la cancillería de Nicaragua sostuvo que integrantes de la “Banda El Jobo”, supuestamente asentados en el norte costarricense, cruzan la frontera binacional, cometen delitos –tales como asalto, asesinato, robo de ganado- en el sur nicaragüense, y regresan a su base de operación.
La recurrente acusación ha sido puntualmente refutada por la cancillería de Costa Rica, lo mismo que -tras el primer planteamiento-, por el director de la Policía de Fronteras costarricense, comisionado Allan Obando.
Según la versión de Nicaragua –manejada tanto por la cancillería como por la Policía Nacional de ese país-, integrantes de la supuesta banda han protagonizado enfrentamientos armados con fuerzas de la Policía Nacional nicaragüense, con saldo, en uno de los choques, de cuatro agentes de esa fuerza de seguridad fallecidos.
De acuerdo con esa fuerza de| seguridad de Nicaragua, el accionar de la banda sa desarrollaría en el sureño departamento (provincia) de Río San Juan, que limita con Costa Rica.
El intercambio de notas diplomáticas se desarrolla mientras persiste la violenta crisis sociopolítica nicaragüense que, estallada el 18 de abril, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades públicas de oposición-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-, la que, más recientemente, se ha centrado en periodistas y medios de comunicación independientes lo mismo que en organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
