La Contraloría General de la República reafirmó la contratación del Consorcio para el Monitoreo de Personas en CR, para el monitoreo de las tobilleras electrónicas para los privados de libertad.
Este consorcio está formado por la Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), la empresa brasileña Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA, Servicios de Gestión en Seguridad Vial (SGSV Sociedad Anónima).
Los servicios de monitoreo fueron adjudicados a este nuevo ente tras el rechazo de tres recursos de apelación presentados contra la decisión del Gobierno de Rodrigo Chaves de contratar de emergencia a ese consorcio.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que el Estado ahorrará un 50% de lo pagado a la Empresas de Servicios Públicos de Heredia (Esph), quienes tenían el contrato hasta este 8 de marzo.
“Me siento muy complacido por esta decisión de Contraloría General de República, es el pueblo de Costa Rica quien gana, con un contrato que le costará un 50% menos a los costarricenses”, afirmó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos.
Tobilleras de la discordia
Los servicios de monitoreo estuvieron a cargo de la Esph hasta que la Fiscalía decidió investigar la contratación, lo que hizo que el caso se judicializara y se decidiera investigar al exmagistrado Celso Gamboa, el exdiputado Victor Hugo Viquez y al gerente de la Esph, Allan Benavides; por un supuesto tráfico de inflluencias.
Esto hizo que se intentara realizar un concurso en 2019, para agilizar el proceso, no obstante, desistió de continuar con el plan y el proceso se retrasó hasta el 2021 cuando se hizo un nuevo cartel licitario.
La medida de esta contratación (de emerggencia) es temporal hasta que se finalicen los trámites egales de la firma del contrato avalado por la CGR.
