Allan Madriz | EP. La Contralora General de la República, Marta Acosta, afirmó este miércoles ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales, que no considera que el proyecto de ley “Programa Nacional de Alfabetización Digital” sea necesario.
El expediente 22.206 plantea tomar una suma indeterminada de recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y trasladarlos al Ministerio de Educación (MEP), para que este a su vez, diseñe los mecanismos para llevar alfabetización digital a los estudiantes.
“Porque entendemos que en los objetivos de la Ley de Telecomunicaciones cabe perfectamente el tema de la alfabetización digital”, indicó Acosta tras la consulta de la legisladora del PLN, María José Corrales.
La jerarca indicó que se podría estar generando una estructura para manejar los proyectos que estaría determinando el Micitt y el MEP. En el caso del MEP asumiendo una nueva responsabilidad para identificar proyectos, clasificaciones y contrataciones; lo que originaría una carga adicional de procedimientos.
“Entendemos que este proyecto, que este fin que se busca de la alfabetización digital es importante para el país, hacemos esas observaciones con el fin de que se replanteen algunos aspectos que nos parecen de carácter importante y que se valore si realmente se requiere o no una ley”, agregó la contralora.
La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) manifestó su apoyo a lo señalado por la contralora, secundando que una ley para este tema será innecesaria.
“Es irresponsable seguir con el desgaste que genera este proyecto en varios niveles, aquí lo urgente es procurar soluciones. Corresponde actualizar las metas vía política pública por parte del MICITT y ejecutarlas a través de Fonatel. Es claro que no se requiere una nueva ley para eso”, señaló Mario Montero, presidente de Infocom.
La Cámara también respalda lo indicado por la Contraloría, al manifestar que lo que hace falta es voluntad política por parte del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, tema que no se solucionaría con nueva legislación.
