La solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves abre un nuevo capítulo de tensión política en la Asamblea Legislativa, en plena campaña electoral y tras un antecedente reciente en el que el mandatario logró mantener su fuero.
Se trata de la segunda vez que los diputados deberán pronunciarse sobre un levantamiento de inmunidad del presidente. El pasado 22 de septiembre, 34 legisladores votaron a favor de retirarle la protección constitucional en el caso BCIE–Cariñitos, pero no alcanzaron los 38 votos requeridos.
En esta ocasión, la solicitud no es por un delito penal, sino por 15 denuncias de beligerancia política, algunas presentadas por los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
La vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, quien ejerce la presidencia legislativa interina, informó que será el 20 de octubre cuando se emita la resolución que definirá el procedimiento a seguir. Castro aseguró que el nuevo proceso debe asumirse con “prudencia y claridad”, recordando las lecciones del debate anterior.
La legisladora, quien ha tenido enfrentamientos públicos con el presidente Chaves, subrayó que actuará “con neutralidad, transparencia y responsabilidad”, pese a sus diferencias personales con el mandatario.
Durante el primer proceso, varios diputados denunciaron presiones y ofrecimientos desde Casa Presidencial para influir en la votación. Legisladores como Johana Obando y Óscar Izquierdo aseguraron haber recibido presiones o represalias, mientras que Pilar Cisneros denunció intentos de manipulación desde el Congreso.
El diputado Ariel Robles (Frente Amplio) advirtió que podrían repetirse comportamientos similares, lo que calificó como “grave para la confianza pública”. Por su parte, Monserrat Ruiz (PLN) llamó a los legisladores a recordar que su deber es “proteger las instituciones, no los intereses particulares o partidarios”.
El debate ocurre en medio del arranque de la campaña electoral, lo que, según varios legisladores, podría influir en las decisiones. Eli Feinzaig (PLP) reconoció que “en un foro político como el Congreso, los cálculos electorales siempre pesan”, aunque insistió en que el fuero no debe usarse como herramienta electoral.
Ruiz añadió que el Parlamento “se ha convertido en una extensión de la campaña”, donde prevalece el impacto mediático sobre el interés nacional.
Diputados como Kattia Cambronero y Feinzaig también señalaron el clima de polarización y desgaste que vive la Asamblea, con ataques entre oficialismo y oposición y poca productividad legislativa.
El nuevo proceso representa, una vez más, una prueba institucional para el Congreso, que deberá decidir si autoriza o no al TSE a proceder con el eventual juicio electoral contra el presidente Chaves.
