Organizaciones comunales, líderes y representantes de San Rafael de Alajuela manifestaron su rechazo al proyecto del Gobierno de construir una megacárcel en el distrito.
A través de un comunicado conjunto, señalaron que la comunidad ha soportado históricamente la concentración de centros penitenciarios y que la construcción de un nuevo complejo solo agravaría problemas sociales, económicos y de seguridad.
Actualmente, en San Rafael se ubica el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, que alberga cárceles de alta peligrosidad. La comunidad afirma que el Estado no ha invertido adecuadamente en infraestructura, seguridad, servicios públicos y desarrollo social.
La regidora Yadú Fuentes advirtió que la megacárcel generará mayor presión sobre los limitados servicios públicos del distrito, provocando:
*Colapso en centros educativos y de salud.
*Congestión y deterioro de calles por el aumento del tránsito relacionado con el complejo penitenciario.
*Estigmatización social de San Rafael como “pueblo carcelario”, limitando oportunidades de desarrollo e inversión.
Los líderes comunales exigen al Gobierno la implementación de un Plan Integral de Compensación Social, que incluya:
*Infraestructura deportiva y recreativa para prevenir la delincuencia y brindar oportunidades a la juventud.
*Obras viales y mejoras en movilidad para reducir la congestión.
*Refuerzo en servicios de salud, educación y seguridad para garantizar condiciones de vida dignas.
El comunicado fue firmado por múltiples organizaciones, asociaciones y regidores locales, así como grupos culturales y juveniles, incluyendo la Asociación de Desarrollo Integral San Rafael de Ojo de Agua, la Comisión Pro-Cantonato y la Asociación Pro-Mejoras Los Portones.
El presidente Rodrigo Chaves anunció la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), una obra de 31.048 m² en un terreno de 90.846 m², con capacidad para 5.100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de 1.020 personas cada uno.
El proyecto, con un costo total de ₡21.000 millones, ya cuenta con ₡8.147 millones disponibles y requiere aprobación legislativa de ₡7.870 millones adicionales para iniciar ejecución a finales de 2025. Los ₡12.000 millones restantes se gestionarán para 2026.
El complejo estará destinado a integrantes del crimen organizado, reos violentos, extraditables y privados de libertad que representen un riesgo para la seguridad institucional o necesiten protección especial. Contará con consultorios médicos, celdas para visitas íntimas, fortines de vigilancia, bodegas y áreas de disposición de desechos, entre otros.
La comunidad de San Rafael mantiene su oposición al proyecto y solicita que se escuche su voz, promoviendo equidad, respeto y desarrollo social antes de la ejecución de la megacárcel.
