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George Rodríguez EP. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se apresta a fusionar dos iniciativas de ley referidas a Nicaragua, proyectos que prevén sanciones por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, informó este viernes un diario nicaragüense.

Los proyectos son los denominados Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act of 2018) –iniciativa S. 3233- Ley de Condicionalidad de Inversiones Nicaragüenses (Nicaraguan Investment Conditionality Act) –iniciativa S. 2265-, más conocida como NICA ACT, indicó el periódico El Nuevo Diario.

El primero, promovido por el senador Bob Meléndez, cuenta con el respaldo de 14 senadores, fue presentado en julio de este año, mientras el segundo, impulsado por la diputada Ileana Ros-Lehtinen, fue inicialmente presentado y aprobado, en 2017, en la Cámara de Representantes.

El proyecto sobre derechos humanos y combate a la corrupción prevé sanciones para las autoridades gubernamentales nicaragüenses responsables de violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de cinco meses convulsiona a Nicaragua.

La NICA ACT apunta a impedir que entidades crediticias internacionales otorguen financiamiento a ese país centroamericano.

Las iniciativas de ley serán abordadas el 26 de setiembre, por la comisión senatorial, equipo de trabajo que, a propuesta de su presidente, Bob Corker, analizará la fusión de ambas.

La crisis estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Retirado el decreto, la creciente protesta pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.

La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones opositoras ha cobrado aproximadamente 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos.

La situación también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.

Asimismo, la dramática situación ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.

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