George Rodríguez EP. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, planteó hoy que la violenta crisis política que hace dos meses golpea a Nicaragua ameritaría una investigación internacional.
El funcionario subrayó, además, que es urgente que el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo invite a visitar el país centroamericano tal como fue acordado durante la sesión del Diálogo Nacional llevada a cabo el 15 de junio en Managua, la capital nacional.
Entretanto, la labor de las mesas de trabajo instaladas en el marco del diálogo fue interrumpida hoy, a instancia de la representación opositora, precisamente a causa de la omisión del gobierno en cuanto a presentar copias de las invitaciones que, según el acuerdo, debió enviar a la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH), la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), y la Unión Europea (UE), para que envíen representantes.
La idea consiste en que esas entidades establezcan presencia en Nicaragua, para actuar, en el terreno, en defensa de las garantías fundamentales.
“La gravedad de la situación bien podría merecer la creación de una comisión de investigación internacional”, dijo Al Hussein, durante la inauguración, este día en la ciudad suiza de Ginebra, de la 38 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cálculos de organizaciones humanitarias nicaragüenses ubican en por lo menos 200 el total de víctimas fatales de la violencia estallada el 18 de abril, cifra a la que se suma el indefinido número de miles de heridos, detenidos y desaparecidos en el contexto del conflicto.
Al manejar una cifra algo más conservadora, el comisionado informó que la crisis “ha provocado la muerte de al menos 178 personas, casi todas a manos de las fuerzas policiales y grupos armados progobierno, incluso con el supuesto uso de francotiradores de élite, y al menos 1,500 heridos”.
El planteamiento coincide con denuncias de sectores de oposición y de la población en general en el sentido de que, desde el estallido de la crisis, el gobierno mantiene acciones represivas antiopositoras mediante el uso de efectivos policiales antimotines y grupos parapoliciales armados.
Al Hussein también expresó la esperanza de que “los compromisos asumidos durante la reanudación del diálogo nacional el 15 de junio sean respetados, entre ellos el cese de todas las formas de violencia (…) y el compromiso de invitar de urgencia al Alto Comisionado a viajar al país”, y advirtió que “esta invitación debe ser enviada sin demora”,
Al mismo tiempo, en Managua, la labor de las mesas de trabajo instaladas en el marco del Diálogo Nacional –convocado por el gobierno y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en procura de pacificar al país- fue suspendida, a instancia de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
Ello, a causa de que el gobierno no ha presentado, en el diálogo, copias de las invitaciones que debió formular a la CIDH, la Oacnudh, y la UE, para que envíen representantes a Nicaragua.
En un pronunciamiento leído en conferencia de prensa, por el académico Carlos Tunnermann, integrante de la alianza, el bloque opositor explicó que la invitación a esas instancias internacionales “es crucial para lograr que se detenga la represión y el derramamiento de sangre, y que se garantice una investigación independiente y la seguridad de las y los ciudadanos”, y acusó al gobierno de “incumplir nuevamente los acuerdos” logrados en el diálogo.
Mientras tanto, se mantiene la “continua represión e intimidación en contra del pueblo de Nicaragua (…) aumentando cada día el número de muertos y heridos”, por lo que, debido a las “reiteradas muestras de falta de voluntad del gobierno para cesar la represión y de las fuerzas parapoliciales”, la alianza planteó la suspensión del trabajo de las mesas, según el texto.
Por su parte, Sandra Ramos, también integrante de la alianza, aseguró que la oposición proyecta acudir a la sesión plenaria de las conversaciones, convocada para mañana, y advirtió que la representación gubernamental debe presentar copia de las respectivas invitaciones así como las constancias de recibo.
Para sesionar, “la garantía es que muestren las cartas enviadas y el recibido”, porque “nosotros no vamos a poner en riesgo al pueblo de Nicaragua”, subrayó.
