La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia la solicitud de levantamiento del fuero o inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, celebrará su primera sesión formal este viernes, con una agenda definida. En esa reunión podría fijarse la fecha para citar en audiencia al mandatario.
La comisión analiza la petición del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que solicitó el desafuero del presidente ante 15 denuncias por presunta beligerancia política.
El foro legislativo aprobó el pasado lunes una moción para convocar a Chaves en audiencia, pero quedó pendiente la definición del día y la hora. Los diputados Alejandra Larios Trejos (Liberación Nacional), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (Progreso Social Democrático) serán quienes eventualmente interroguen al mandatario.
El órgano legislativo acordó sesionar todos los viernes a las 9:00 a.m. en el Salón de Expresidentes del Congreso.
Se trata de un hecho inédito, al ser la segunda solicitud consecutiva de levantamiento del fuero presidencial durante el actual gobierno, ambas dirigidas contra Chaves Robles.
El presidente ya había comparecido ante una comisión similar el 22 de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia pidió retirar su inmunidad por una acusación de la Fiscalía por el presunto delito de concusión, en el caso BCIE–Cariñitos. En aquella ocasión, el Plenario rechazó el desafuero el 22 de septiembre, con 34 votos a favor y 21 en contra, sin alcanzar los 38 votos necesarios.
La presidenta interina del Congreso, Vanessa Castro, fue la encargada de tramitar la nueva solicitud del TSE el 21 de octubre, ante la ausencia del titular legislativo, Rodrigo Arias, quien se recupera de una cirugía.
La resolución establece que la comisión trabajará por 20 días naturales, con posibilidad de una única prórroga por el mismo período. Durante ese lapso, deberá realizar audiencias públicas para escuchar tanto a la parte acusadora como a la defensa del mandatario.
Al término del plazo, la comisión presentará un informe al Plenario Legislativo recomendando levantar o mantener el fuero presidencial.
En caso de que el Congreso apruebe el desafuero, el expediente se trasladará al Tribunal Supremo de Elecciones, donde el presidente podría enfrentar la revocatoria de sus credenciales e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta cuatro años.
