La Comisión de Asuntos Hacendarios, manejada por el chavismo, enterró un proyecto de ley que pretendía incrementar el presupuesto que invierte el Estado para la atención de la salud mental.
El texto creaba un destino específico para del 20% de lo recaudado por el Impuesto de Valor Agregado (IVA) que se cobra a las plataformas de servicios digitales transfronterizas, sea destinado a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) con el fin de mejorar la atención de la salud mental y la prevención de trastornos mentales.
La iniciativa fue presentada el cuatrienio anterior por el Frente Amplio (FA), no obstante, los diputados Nogui Acosta, Cindy Murillo, Gerald Bogantes, Daniel Siezar y Grettel Ávila (Pueblo Soberano) decidieron sepultar la propuesta.
“Se está apelando al corazón y no a la razón. El presupuesto tiene un déficit y definir esos destinos específicos es un gran problema. No podemos repartir lo poquito que tenemos. Este, al igual que otros proyectos, pecan en decir que hay una necesidad pero no cómo debe solucionarse. Si se hace eso, debemos endeudarnos y tenemos que ser responsables”, dijo el exministro de Hacienda y presidente de la Comisión Legislativa.
“Nadie niega la urgencia, pero el problema es la forma de financiamiento. Estaríamos sacando más de 5.500 millones del presupuesto, puede afectar programas públicos. El traslado puede afectar la Caja Única del Estado, se estaría haciendo un hueco (…) No podemos darnos el lujo de gastar recursos frescos”, secundó Murillo.
Solo fue respaldada por Antonio Trejos Mazariegos, María Eugenia Román (FA), Ángela Aguilar, Diana Murillo Salvador Padilla (PLN).
“Es una problemática grave pero sin cacao no hay chocolate. Hay instrumentos internacionales que ordenan que Costa Rica debe garantizar la atención de las personas con situaciones de salud mental. Ahora, la obligación legal debe pasar a ser presupuestaria ¿Cuál es la excusa para no dar los recursos? Solo hay 137 psiquiatras en la CCSS para atender a 5 millones. Si invertimos en salud mental, invertimos en el futuro. No se está desfinanciando al Estado, no es un gasto superfluo”, secundó Antonio Trejos Mazariegos, del FA.
“Aquí se aprobó una Ley de Salud Mental, pero no se le están girando recursos ¡No es poca cosa! El Estado no tiene la capacidad para atender esta situación y para ello, se necesita que se gire el dinero El Estado no puede desentenderse de la Salud Mental”, señaló el diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN).
En dos ocasiones quedó empatada, sin embargo, el Reglamento Legislativo establece que, cuando acontece dicha situación, el texto queda archivado.
