Allan Madriz | EP. Los diputados que integran la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa acordaron la noche del jueves reducir una serie de beneficios al régimen de pensiones del Poder Judicial.
En medio de la huelga de más de una semana de los funcionarios judiciales, los legisladores dictaminaron un texto sustitutivo que sería presentado como proyecto de Ley al Congreso, con la intención de efectuar reformas significativas a ese régimen de pensiones.
Dentro de las principales medidas acordadas por siete de los ocho diputados integrantes (solo Jorge Arguedas, del Frente Amplio, se opuso) están las siguientes:
- La edad de retiro, para hombres y mujeres, pasaría de 60 a 65 años, con 35 años de servicio (actualmente son 30 años).
- Aumento gradual en el aporte obrero, quienes pasarán de cotizar de un 11% a un 15%.
- Se pone un tope de ₡4 millones a las pensiones, que es equivalente a 10 veces el salario más bajo del Poder Judicial.
- El monto de la pensión ya no será el 100% de los últimos 24 mejores salarios, sino que pasará a calcularse con un 85% de los últimos 240 salarios regulares (últimos 20 años).
- Se mantiene de la edad de retiro anticipada para los funcionarios, pera deberán tener 35 años de servicio.
- Contribución solidaria de hasta 55% sobre el exceso del tope.
- Se crea una Junta administradora del Fondo, que sea un órgano completamente independiente del Poder Judicial.
Ahora el texto propuesto por la Comisión Especial será enviado a consulta al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Frente Gremial del Poder Judicial.
Una de las legisladoras que votó a favor de las reformas fuer Natalia Díaz, del Movimiento Libertario, señalando criterios técnicos de validez.
“Hoy en comisión dictaminamos la reforma a las pensiones del Poder Judicial, apegados al criterio técnico de la UCR. El trabajo se realizó responsablemente, con base técnica y considerando todos los puntos de vista”, indicó la libertaria a través de su cuenta de Facebook.
La legisladora liberacionistas, Sandra Piszk, indicó su satisfacción por el acuerdo alcanzado este jueves por la mayoría de diputados en la Comisión.
“Elaboramos un proyecto responsable, además, es importante indicar que se eliminan las pensiones de lujo, esta iniciativa se le suma a los otros proyectos aprobados el año pasado que cumplen con el compromiso de acabar con privilegios y pensiones vitalicias”, afirmó Piszk.
Por su parte Jorge Arguedas, del Frente Amplio, único legislador en votar en contra de la propuesta, lamentó la manera en que se decidió rápidamente hacer reformas al régimen de pensiones.
“No se puede jugar con los trabajadores y acordar sus pensiones sin tomarlos en cuenta. Los gremios han tendido canales de diálogo, sin embargo esta comisión ha trabajado a sus espaldas”, indicó Arguedas en sus redes sociales.
Mediante un comunicado, el Frente Gremial comunicó que mantendrán el movimiento de huelga debido a la “burla de los diputados al diálogo”.
“El Frente Gremial no puede aceptar esta imposición fraguada de nuevo entre cuatro paredes y denuncia la falta de transparencia de ese grupo de legisladores (comisión) que mantiene paralizado a un Poder de la República”, señala el comunicado.
El gremio del Poder Judicial también indicó que han recibido ofrecimiento de varios grupos sindicales del sector público para unirse a la huelga, por lo cual mantendrán el movimiento.
Se espera que con esta propuesta el déficit del fondo del régimen de pensiones del Poder Judicial, estimado en ₡5.3 billones se recortaría a ₡0.30 billones.
Los legisladores que integran la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa son Marcela Guerrero y Franklin Corella del PAC; Sandra Piszk, Julio Rojas y Maureen Fallas del PLN; Johnny Leiva del PUSC; Natalia Díaz del Movimiento Libertario; Gonzalo Ramírez de Renovación Costarricense y Jorge Arguedas del Frente Amplio.
