La Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó afirmativamente el proyecto que autoriza un crédito por $770 millones destinado a financiar la ampliación y modernización del corredor vial entre San José y San Ramón, una de las carreteras más transitadas del país.
El financiamiento provendría del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y permitirá desarrollar obras en la Ruta Nacional 1 San José–San Ramón, una vía estratégica para la movilidad entre el Valle Central y la región de Occidente.
El proyecto, tramitado bajo el expediente legislativo 25.183, ahora deberá continuar su discusión en el plenario legislativo.
Diputados introducen nuevos controles
La presidenta de la comisión legislativa, Paulina Ramírez Portuguez (PLN), destacó que el dictamen incorporó una serie de cambios orientados a fortalecer los controles sobre el uso de los recursos.
Según explicó la legisladora, las mociones aprobadas no modifican el objetivo central del proyecto, pero sí introducen mejoras en la forma en que se administrarán los fondos y en la supervisión institucional de la obra.
“Estamos hablando de una obra clave para la movilidad de miles de personas, para el transporte de mercancías y para la competitividad de la economía costarricense. Las mociones presentadas no cambian el objetivo del proyecto, pero sí introducen mejoras sustanciales en la forma en que esta obra será ejecutada”, señaló Ramírez.
Uno de los principales cambios aprobados establece que los recursos del préstamo deberán incorporarse al presupuesto nacional mediante presupuestos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que permitirá un mayor seguimiento al uso de los fondos.
La legisladora también afirmó que el proceso legislativo permitió mejorar las condiciones del financiamiento.
Según indicó, durante el análisis del proyecto se logró reducir la tasa de interés del préstamo, luego de gestiones realizadas ante el BCIE por parte de los integrantes de la comisión.
El objetivo, aseguró, fue procurar condiciones financieras más favorables para el país en una obra considerada prioritaria para la infraestructura nacional.
Observaciones técnicas influyeron en cambios
Las modificaciones al proyecto también respondieron a observaciones formuladas por diversas entidades técnicas durante el proceso legislativo.
Entre ellas se encuentran la Contraloría General de la República de Costa Rica, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y la Cámara Costarricense de la Construcción.
De acuerdo con Ramírez, las recomendaciones de estas instituciones permitieron introducir ajustes orientados a fortalecer la transparencia, la planificación del proyecto y los mecanismos de control institucional.
“Procuramos hacer este proyecto mejor, más transparente y seguro desde el punto de vista institucional”, manifestó la diputada.
Gobierno asumiría expropiaciones
Durante la discusión del crédito también se incorporó el compromiso del Poder Ejecutivo de asumir el pago de las expropiaciones necesarias para ejecutar el proyecto vial.
Este punto fue uno de los aspectos relevantes en el análisis legislativo, debido a que las expropiaciones suelen convertirse en un factor que retrasa la ejecución de grandes obras de infraestructura.
Proyecto clave para la movilidad
La ampliación del corredor vial San José–San Ramón ha sido durante años una de las principales demandas de las comunidades de Occidente, debido al alto congestionamiento que presenta la ruta.
El proyecto busca mejorar la capacidad de la carretera, reducir los tiempos de traslado y fortalecer la conexión logística entre el Valle Central, la región occidental y otras zonas del país.
Tras recibir dictamen afirmativo en comisión, la iniciativa deberá ahora avanzar a la discusión en el plenario legislativo, donde los diputados decidirán si autorizan finalmente el crédito internacional para financiar la obra.
