Elvis Martínez. El Gobierno colombiano informó que no aplicará el fallo de La Haya que derimió el litigio marítimo entre ese país y Nicaragua. Por el contrario, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, señaló que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “no es aplicable y no será aplicable” mientras tanto no se celebre un tratado que respete y reconozca los derechos de colombia en la zona marítima del Caribe.
“Colombianos: Todos los habitantes de nuestro país seguimos indignados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia. A nuestro gobierno –que heredó el manejo de un proceso que llevaba más de una década– le correspondió recibir el fallo y tomar las medidas para enfrentar la situación que generó… Y nos hemos dedicado, con toda aplicación, a desarrollar una estrategia jurídica y política para reforzar y consolidar los derechos de los colombianos sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.”, dijo Santos en un ponencia en la que presentó la Estrategia Integral frente al fallo de La Haya.
“Para ello hemos contado con el apoyo de reconocidos abogados nacionales y extranjeros, y hemos evaluado y sopesado las distintas opiniones, los diferentes conceptos y tesis, que nos sirvieron para diseñar la Estretegia Integral”, agregó Santos.
El Gobierno colombiano decidió que el fallo no es aplicable sin un tratado y plantea la consolidación del archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral. Así mismo, avanza en un plan de protección ambiental y social de la Reserva Seaflower, misma que tras la sentencia de La Haya, comparte con Nicaragua.
La estrategia también contempla la inversión en la zona en litigio con programas en materia de salud, educación, vivienda, tecnología, infraestructura y energía.
“Frenamos las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena”, indicó el gobierno de Colombia a través de un comunicado.
Santos señaló que es su deber proteger y garantizar los derechos de los colombianos, defender las fronteras y honrar los tratados suscritos por Colombia y otros Estados, pero que el artículo 101 de la Constitución de su país indica que “los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”.
“La Corte Constitucional, por su parte, ha dicho claramente que estos tratados –es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser siempre aprobados por el Congreso. Como Presidente tengo la obligación de respetar este mandato de nuestra Constitución y lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por eso, mi posición es clara y firme”, manifestó Santos.
Por esa razón Santos informó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia”no es y no será aplicable”, hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos.
El Presidente colombiano anunció, además, que su país renuncia al Pacto de Bogotá, tratado que reconoce la jurisdicción de la Corte de la Haya.
