La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió las declaraciones realizadas por el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que anunció que “no volverá a haber elecciones” en su país, y pidió a los Estados miembros de la OEA a utilizar los mecanismos disponibles para restablecer la institucionalidad en esa nación, entre ellos la Carta Democrática Interamericana.
En una declaración, la Comisión reiteró el llamado a los Estados miembros de la OEA “a utilizar, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos que sean pertinentes, los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua, conforme al principio de garantía colectiva del sistema interamericano”.
Además de repudiar las declaraciones de Ortega, que gobierna Nicaragua junto a su esposa, Rosario Murillo, la CIDH repudió la iniciativa de reforma constitucional presentada por la Asamblea Nacional, supeditado a la Presidencia, orientada “a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática”.
Esa iniciativa de reforma a la Constitución, presentada la última semana de julio de 2026, propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.
Asimismo, eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como “golpistas” o “traidoras a la patria”, con el objetivo de “prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder”, de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.
En particular, la CIDH advirtió que la nueva ampliación de los períodos de mandato de la copresidencia, la amenaza de eliminar la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas, así como la constitucionalización de restricciones al ejercicio de los derechos políticos, profundizan el proceso de consolidación autoritaria y de perpetuación en el ejercicio del poder mediante la eliminación de las condiciones necesarias para la alternancia democrática.
La Comisión recordó que en su informe especial sobre Nicaragua, alertó que la reforma constitucional realizada en 2025, que modificó más de 100 artículos de la Carta Magna, “consolidó un régimen incompatible con los principios de la democracia representativa al derogar el principio de separación de poderes y concentrar el poder en la figura de la copresidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
“Todas estas medidas resultan incompatibles con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los principios de la Carta Democrática Interamericana”, denunció.
CIDH insta a Nicaragua
Por tanto, la CIDH instó a Nicaragua a abstenerse de adoptar reformas contrarias a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a restablecer las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a fin de que la ciudadanía pueda elegir y ser elegida en elecciones libres, auténticas, periódicas y competitivas.
El viernes 31 de julio, Ortega dijo que los “terroristas y golpistas”, como tilda a los opositores y críticos con su Gobierno a los que ha privado de su nacionalidad, no podrán participar en futuras elecciones.
El mandatario sandinista matizó entonces las declaraciones que ofreció el 19 de julio en un mitin en Managua, cuando afirmó que “no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó el viernes que estudia convocar a una reunión de ministros de Exteriores de la región para evaluar la situación en Nicaragua, después de que Ortega anunciara que no habrá más elecciones.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para evitar la competencia electoral.
Es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con treinta años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.
