George Rodríguez EP. El Estado de Nicaragua violó, en la marco de la violenta crisis política que convulsiona a ese país, el derecho a la vida, además de que han ocurrido ejecuciones extrajudiciales principalmente de jóvenes, planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el informe que, sobre la delicada situación nicaragüense, presentó hoy al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
También se ha registrado acciones de violencia contra medios de comunicación y de hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, así como irregularidades en el inicio de investigaciones sobre agresiones –incluidos asesinatos- ocurridos en ese contexto, aseguró la CIDH en el documento de 91 páginas titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”.
La comisión reprobó, asimismo, la violencia de que han sido objeto agentes estatales así como simpatizantes del gobierno presidido por Daniel Ortega, de acuerdo con lo planteado en el documento divido en cinco capítulos.
“La Comisión concluye que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia. Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”, indicó la CIDH.
“De igual forma, la CIDH manifiesta su preocupación la violación al derecho a la salud y a la atención médica, las represalias de personal público por abstenerse de cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos; actos de censura y de violencia contra la prensa, por los actos de hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en este contexto, así como otros hechos graves constatados por la Comisión”, agregó.
La entidad continental aseguró, igualmente, que “reprueba todos los actos de violencia, hostigamiento y amenazas cometidos por particulares contra agentes estatales o personas por ser de reconocida afinidad al gobierno. Reprueba además los ataques a instituciones públicas y medios afines al gobierno”, advirtiendo que “el Estado debe investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, así como identificar y sancionar a los responsables”.
“La CIDH reitera su llamado al cese inmediato de la represión. Asimismo, urge que todos los actos de violencia sean investigados de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales sobre la materia para asegurar el derecho a la verdad”, señaló.
La comisión aclaró que tiene la obligación de implementar las medidas que garanticen la adecuada reparación a víctimas y familiares, de acuerdo con los estándares vigentes para ello.
También planteó que contextos de conflictividad social como el que registra Nicaragua ameritan la imprescindible generación de las condiciones necesarias para el ejercicio irrestricto de derechos que incluyen los de libertad de expresión, reunión, y participación política.
“Esto implica asegurar que la respuesta estatal a las manifestaciones y expresiones de disenso, incluida los cortes de ruta y tomas de edificios universitarios, se realice bajo un enfoque de gestión que privilegie la comunicación, la cooperación y el intercambio de información por encima de la intensificación del uso de la fuerza policial y otras medidas coercitivas”, precisó.
“Al tiempo que la CIDH condena el uso de medios violentos por parte de un grupo de manifestantes, urge al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar que la actuación de sus autoridades se realice con arreglo a las normas y estándares internacionales en esta materia y esté siempre dirigida a reducir la conflictividad social y facilitar el diálogo significativo”, agregó.
Al respecto, la comisión formuló un llamado a continuar el actualmente suspendido Diálogo Nacional que, convocado por el gobierno y mediado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), apunta a lograr la paz en el país centroamericano.
En tal contexto, “la Comisión retoma las 15 recomendaciones dirigidas al Estado de Nicaragua que fueron establecidas en sus Observaciones Preliminares de la visita de trabajo” realizada del 17 al 21 de mayo a Nicaragua, para monitorear, en el terreno, la situación de los derechos humanos.
A esas recomendaciones, la CIDH agregó nueve, entre las que figuran las de “cesar de inmediato la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, así como “elaborar y dar a conocer un registro público” que detalle la identidad y otros datos de los detenidos, e “iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de malos tratos y tortura”.
Dicha investigación debe realizarse por todos los medios legales disponibles, estar orientada a la determinación de la verdad, y conducirse dentro de un plazo razonable. Asimismo, debe regirse por los principios de independencia, imparcialidad, competencia, diligencia y acuciosidad.
También recomendó, en el informe dado a conocer hoy, “implementar un programa multidisciplinario con el fin de atender los impactos psicológicos de la población por estos sucesos, en particular de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares. Las acciones deben estar basadas en un enfoque de derechos humanos e incluir perspectiva de género”.
La CIDH indicó que, resultado de la represión estatal desde el 18 de abril –fecha de estallido de la crisis- hasta el 19 de junio, por lo menos 212 personas perdieron la vida, y que hasta el 6 de junio otras 1,337 resultaron heridas y 507 detenidas.
Sumado a ello, centenares de personas quedaron “en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”, precisó.
